El Ministerio de Economía dio este martes un paso clave en el proceso de venta de AySA. La cartera económica realizó el acto de apertura de las ofertas técnicas para sumar a un operador estratégico privado.
Se presentaron dos consorcios, uno de ellos con participación de capitales internacionales. A partir de ahora, una Comisión de Evaluación analizará las propuestas según las condiciones fijadas en el pliego de la licitación.
Años de pérdidas y mala gestión estatal
Según el comunicado oficial del Ministerio, AySA «era un modelo de disfunción administrativa». Entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones.
Pese a ese respaldo, un tercio del área concesionada todavía no tiene acceso a agua potable ni a cloacas. Las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en el 42%.
En ese mismo período, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos de la empresa aumentaron un 80%, según los datos difundidos por el Ministerio.
Quiénes compiten por la concesión
Las empresas que presentaron ofertas técnicas son ROWING S.A., al frente de un consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, y ROGGIO ROAS S.A., que lidera el consorcio Roggio Roas S.A.U. junto a otras firmas.
La licitación contempla transferir al sector privado el 90% de las acciones que hoy son propiedad del Estado Nacional. El 10% restante quedará en manos de los empleados de la empresa, dentro del Programa de Propiedad Participada.
Inversiones obligatorias y metas hasta 2031
El futuro operador deberá afrontar obligaciones de inversión por más de US$2.000 millones en los primeros cinco años, destinados a expandir el sistema de agua potable y cloacas.
El esquema fija un Plan de Acción 2027-2031 de cumplimiento obligatorio, con inversiones por $2,89 billones a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.
Para 2031, las metas de cobertura son del 75,3% en agua y 63,9% en cloacas, con un mínimo del 90% y el 75% respectivamente al cabo de los 30 años de concesión.
Durante ese primer ciclo tarifario de cinco años, el nivel de las tarifas se mantendrá constante en términos reales, sin nuevos aumentos proyectados, salvo las excepciones previstas en el contrato.
Controles y recaudación para el Estado
El cumplimiento de las obligaciones será controlado cada año por el ERAS, y las inversiones deberán contar con certificación de un auditor técnico independiente. El contrato prevé sanciones ante incumplimientos graves, que pueden incluir multas y hasta la pérdida de la concesión.
El Ministerio destacó además que, en el primer ciclo tarifario, la nueva AySA privatizada pagará US$400 millones de IVA y US$350 millones de Ingresos Brutos, impuestos que vuelven al Estado y refuerzan el superávit fiscal.
«Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato, mientras el Estado concentra sus funciones en regular, supervisar y controlar», señaló la cartera económica.
