El Gobierno británico reaccionó este martes 13 de octubre a la ofensiva diplomática de la Argentina sobre las islas Malvinas. Lo hizo pocas horas después de que Buenos Aires acudiera a un tribunal internacional para frenar la actividad petrolera en la zona.
La presentación argentina la hicieron la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, y la Secretaría de Legal y Técnica. Ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) pidieron medidas provisionales urgentes contra el proyecto petrolero Sea Lion.
La respuesta de Londres fue contundente. Anunció que aplicará la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI) para blindar a las empresas que operan en el yacimiento frente a las presiones de la Argentina.
Qué permite la ley británica para proteger a las petroleras
La norma habilita al Reino Unido a prohibir que compañías y personas bajo su jurisdicción cumplan leyes extranjeras. En este caso, las normas argentinas que sancionan o restringen a quienes operan en Malvinas.
Además, impide que los tribunales británicos reconozcan o ejecuten sentencias de otros países contra esas actividades. Y permite a las empresas reclamar ante la Justicia británica por los daños económicos que sufran.
Según la información oficial, Londres tramitará la legislación secundaria con la mayor celeridad posible. El objetivo es que entre en vigor antes de fin de año.
En paralelo, el diario The Telegraph informó que Ed Miliband, secretario de Relaciones Exteriores británico, autorizó la actividad de Sea Lion. Así lo confirmó Navitas, la compañía israelí que lidera el proyecto junto a la británica Rockhopper Exploration.
Sea Lion: el proyecto petrolero de Malvinas en números
El yacimiento está a unos 240 kilómetros al norte de las islas, en aguas de cerca de 500 metros de profundidad. Navitas comenzó a perforar a principios de 2026.
El plan prevé 23 pozos en el sector norte y dos buques de producción para procesar y transportar el crudo. Las empresas estiman que podría producir desde 2028, con hasta 180.000 barriles diarios.
Las duras palabras del Reino Unido contra la Argentina
El secretario de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, fue tajante. Advirtió que su gobierno actuará cada vez que la Argentina intente obstaculizar la actividad comercial británica. «No nos quedaremos de brazos cruzados», avisó.
Miliband, por su parte, calificó de inaceptables los intentos argentinos de intimidar a empresas e individuos. También defendió el derecho de los isleños a decidir su propio futuro y a buscar su desarrollo económico.
El lunes, el primer ministro Andy Burnham ya había respaldado el proyecto ante la Cámara de los Comunes. Contó que planteó el tema al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y prometió defender la voluntad de los isleños.
Qué le pidió la Argentina al Tribunal del Mar
El reclamo argentino tiene cuatro puntos. Pide prohibir nuevas actividades extractivas, restringir el uso de la información técnica obtenida en las exploraciones y que Londres no otorgue nuevos permisos.
El cuarto busca preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental mientras avanza el arbitraje principal. Ese proceso se inició el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Lo que viene será clave. Las decisiones provisionales del TIDM son de cumplimiento obligatorio para los Estados involucrados. La pulseada por el petróleo de Malvinas suma así un capítulo judicial que puede cambiar el tablero.
