El Gobierno de Javier Milei activó un operativo político en la Cámara de Diputados para frenar la sesión que la oposición convocó para el 15 de octubre. En la agenda figura el DNU 70/23, el megadecreto desregulador del oficialismo.
La convocatoria se hizo la semana pasada. Además del decreto, incluye temas sensibles como la Emergencia en Discapacidad y Morosidad. Con esas iniciativas, los bloques opositores buscan sumar adhesiones y conseguir el quórum.
Si lo logran, podrían poner en debate la medida de desregulación económica más importante de la gestión libertaria. En la Casa Rosada no quieren correr ese riesgo, ni siquiera por un día.
DNU 70/23: la estrategia de La Libertad Avanza
Según una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza, el oficialismo confía en tener los votos para evitar que la oposición voltee el decreto. Pero no quieren que el tema llegue siquiera al recinto.
Por eso, el objetivo de las negociaciones de los últimos días es explícito: «tumbar la sesión por completo». Y en medio de esa pulseada, una novedad judicial llegó en el momento justo.
Corte Suprema y Ley de Tierras: la decisión que le da aire al Gobierno
Al menos dos despachos de la Casa Rosada celebraron ante Infobae una decisión reciente de la Corte Suprema. Según afirman, les da más margen para negociar con aliados presionados socialmente por la Ley de Tierras.
Se trata de legisladores que, sin embargo, no consideran necesario voltear el DNU 70. Allí apunta el oficialismo para desactivar el intento opositor.
El martes 6 de octubre, el Máximo Tribunal convocó a dos conjueces para intervenir en el debate sobre el artículo 154 del decreto, que derogó la Ley de Tierras Rurales. Sus cuatro integrantes no lograron una decisión unánime.
En el sorteo salieron Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Su voto será determinante.
Qué reclama Árbol de Pie
El planteo pertenece a la Asociación Civil Árbol de Pie. La organización invocó el derecho constitucional a la protección del ambiente para impugnar la eliminación de restricciones para adquirir predios rurales.
El caso llegó a la Corte después de que el tribunal rechazara una cautelar del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), por falta de legitimación. Ahora resta saber si ese criterio también alcanza a Árbol de Pie.
Existe la posibilidad de que dos de los jueces reconozcan la legitimación de la asociación, y que uno de los conjueces también la avale. Con ese escenario, el oficialismo pide a los aliados no dar quórum el 15 de octubre.
El futuro del DNU 70 en el Congreso y el frente de la CGT
Según fuentes legislativas, la Ley de Tierras no se incluirá en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Tras su paso por el Senado, algunos la consideran invotable. La alternativa sería sumarla al proyecto de Soberanía Nacional.
En paralelo, la Corte quedó en condiciones de resolver la impugnación de la CGT contra el capítulo laboral del DNU, tras el dictamen del procurador general Eduardo Casal.
La Cámara Nacional del Trabajo había declarado inconstitucionales los artículos 53 a 97, y el Gobierno apeló. Ese fallo podría fijar un criterio sobre los límites del Ejecutivo para dictar decretos. La cuenta regresiva hacia el 15 de octubre ya empezó.
