María Celeste Ponce, una de las referentes provinciales de La Libertad Avanza, se ha convertido en una figura controvertida en la política argentina. Con 36 años, esta diputada nacida en Huinca Renancó, Córdoba, ha captado la atención no solo por su cercanía con el presidente Milei, sino también por las polémicas que la rodean. A través de su perfil en redes sociales, Ponce se define como antifeminista, profundamente religiosa y orgullosamente cordobesa. Refleja una ideología que ha resonado entre ciertos sectores del electorado.
Una carrera con altibajos
Ponce inició su trayectoria académica en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, aunque tuvo que interrumpir sus estudios debido a problemas de salud. Tras una fuerte recaída emocional, se apartó de la vida académica durante casi dos años. A pesar de estas dificultades, en 2017 lanzó ‘Celeste Cielo’, una empresa que lamentablemente tuvo que cerrar por la pandemia. Esto la llevó a fundar «Pumas Libertarios» en 2022, una agrupación que se consolidó en Córdoba y la catapultó a la esfera política nacional.
Además de su labor legislativa, Ponce es cofundadora de una empresa de software que trabaja con tecnología de vanguardia como la blockchain y la inteligencia artificial aplicada a la educación y la salud. Sin embargo, su enfoque en la política ha sido motivado, según sus propias palabras, por un deseo de cambiar un país «destrozado en todos los aspectos». Su paso por la Cámara Baja ha estado marcado por fuertes críticas hacia el ambiente y la cultura política imperante.
Acusaciones por abuso de poder
Recientemente, Celeste Ponce se ha visto envuelta en un escándalo de presunta corrupción. Según una investigación de DATA24.com.ar, la diputada ha sido acusada de exigir parte del salario de sus asesores, una práctica que ha sido denunciada penalmente. María Guillermina Ruiz, una de sus ex asesoras, alegó que Ponce le exigía 500 mil pesos de su salario de 700 mil, bajo amenaza de despido. Esta denuncia ha sido respaldada con capturas de pantalla de las transferencias realizadas.
El periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como «El Presto», presentó una denuncia penal contra Ponce. La acusó de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10 a cargo del doctor Julián Ercolini. Detalla cómo la diputada habría abusado de su posición para extorsionar a sus asesores. Los obligaba a entregar parte de sus salarios bajo amenazas explícitas de despido.
¿Qué plantea la denuncia?
El documento judicial argumenta que Ponce utilizó su autoridad para establecer un esquema coercitivo. Esto no solo constituye una forma de coacción, sino también una violación de los derechos laborales de sus empleados. Este abuso de poder ha dejado a los asesores en una situación de vulnerabilidad, enfrentando la amenaza constante de perder sus trabajos si no cumplían con las exigencias monetarias de la diputada.
La denuncia también subraya el desvío de fondos públicos, ya que los salarios de los asesores provienen del erario público. Este accionar podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito, dado que los montos exigidos no están justificados por ninguna normativa del Congreso. Según la Ley 25.188, cualquier aumento patrimonial injustificado de un funcionario público es considerado ilícito. En este caso, los fondos extraídos por Ponce no se corresponden con las atribuciones de su cargo.
Las acusaciones contra Celeste Ponce son graves y detallan un patrón de comportamiento que, de confirmarse, no solo dañaría su reputación sino también la de los diputados de LLA. La imputación de coacción se basa en el uso de amenazas para obtener beneficios económicos ilegítimos. Las exacciones ilegales señalan el abuso de autoridad para exigir pagos indebidos. Este caso pone en tela de juicio la integridad de una de las figuras emergentes de la política argentina y plantea serios interrogantes sobre la transparencia y la ética en el manejo de los recursos públicos.
