Dichas discordancias, detectadas mediante el cruce de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS), abarcan beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad. Este anuncio se suma a la previa declaración del gobierno respecto a los 159.919 titulares del Potenciar Trabajo que, al mismo tiempo que percibían el plan social, viajaban al exterior en medios de transporte lujosos, como yates, aviones privados, aerolíneas, entre otros.
El motivo de la suspensión
El proceso de revisión de planes sociales, iniciado desde el 8 de enero, surgió como respuesta a la necesidad de suspender preventivamente alrededor de 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad, pero cobrados indebidamente por personas que realizaron viajes al extranjero. Este ajuste mensual representaría una recuperación de aproximadamente 12 mil millones de pesos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que, tras el entrecruzamiento de datos, la baja de los 27.000 planes se hará efectiva en cualquier momento.
El fiscal Guillermo Marijuan inició la investigación, argumentando que el plan asistencial no es compatible con aquellos individuos con condiciones económicas para realizar viajes al exterior en medios onerosos. En la misma reveló que 817 beneficiarios viajaron en cruceros, 29,076 en avión, 83,974 en embarcaciones, entre otros medios de transporte, mientras seguían cobrando el plan social. En la revisión de más de dos meses, se confirmó que 1 de cada 10 subsidios presentaba irregularidades, detectadas gracias al entrecruzamiento de bases de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, el juzgado federal N° 11 y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social.
¿Qué busca el gobierno?
El presidente Milei, recién llegado de Davos, se reunió con la ministra Pettovello para revisar los análisis de los programas asistenciales y tomar decisiones respecto a su transparencia y eficacia. La decisión de dar de baja cerca de 27.000 planes sociales, como parte de un proceso de auditoría integral, refleja el compromiso por la transparencia y eficiencia en la asignación de recursos destinados a los sectores más necesitados. Este actuar también evidencia la implementación de medidas para evitar intermediaciones y garantizar que los programas asistenciales cumplan su propósito sin desvíos. El gobierno ha emprendido una importante acción para corregir irregularidades en los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. Este proceso se enmarca en una iniciativa más amplia de revisión y transparencia en los sistemas de asistencia social, subrayando el compromiso de la administración con la correcta asignación de recursos.
