Recientemente hubo señales de reconciliación entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, simbolizadas en una foto conjunta en los tribunales de Comodoro Py y otra en el Instituto Patria. Sin embargo, las diferencias entre La Cámpora y el gobernador bonaerense persisten y se agudizan en diversos frentes. El último episodio de esta confrontación interna se ha manifestado en el Puerto de Dock Sud. Se trata de un enclave estratégico para la economía del país y fuente de disputa entre tres municipios peronistas: Avellaneda, Lanús y Quilmes.
Distribución de recursos
La raíz del conflicto radica en la distribución de los recursos generados por el puerto, una usina de ingresos que alimenta las arcas de los municipios en cuestión. Los intendentes camporistas Julián Álvarez (Lanús) y Mayra Mendoza (Quilmes) han expresado su descontento hacia la gestión de Carla Monrabal, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud. Fue nombrada por la administración de Kicillof. La crítica principal se centra en la aparente desigualdad en la distribución de los ingresos, que, según los camporistas, favorece a Avellaneda, gobernada por Jorge Ferraresi, un aliado del gobernador.
El reclamo de Álvarez y Mendoza es claro: exigen que Lanús y Quilmes reciban una compensación equitativa por el impacto que la operación del puerto tiene en la infraestructura de sus municipios. “No puede haber ciudadanos de primera y segunda en la Provincia”, afirman desde La Cámpora. Subrayan que la falta de recursos impide mantener las calles en condiciones adecuadas para soportar el tráfico pesado que genera el puerto. La disputa por estos fondos ha escalado hasta el punto de que Álvarez llevó el debate con fuerza al directorio del puerto, generando un clima tenso entre las partes.
Debate sobre los ingresos
La pelea no solo es política, sino también económica. En este sentido, la ausencia de Máximo Kirchner en el Instituto Patria durante la reciente foto de apoyo a Kicillof resultó significativa. Los municipios camporistas no solo reclaman equidad en los ingresos, sino que también denuncian que Avellaneda recibe una cifra desproporcionada en comparación con sus vecinos. De acuerdo con datos aportados por fuentes camporistas, la petrolera Shell, por ejemplo, paga alrededor de 2.000 millones de pesos mensuales a Avellaneda en concepto de Seguridad e Higiene. Lo cual es un ingreso que Lanús y Quilmes consideran injustamente alto.
En medio de esta disputa, el directorio del puerto ha sido un campo de batalla clave. Julián Álvarez, quien ocupa una silla en representación de la región (Lanús y Quilmes), ha dejado claro que el puerto debe hacerse cargo de los daños causados por el tráfico pesado en los municipios que representa. Además, la reciente propuesta de modificar el reglamento del puerto para autorizar una obra financiada por Exolgan ha sido bloqueada por Álvarez. Advierte que la medida profundizaría las desigualdades en la distribución de los ingresos.
El conflicto está lejos de resolverse y podría escalar a un nivel judicial. Mientras tanto, el puerto de Dock Sud maneja el 40% de las importaciones y exportaciones del país. Por lo tanto, sigue siendo el epicentro de una lucha que combina intereses políticos y económicos. Al mismo tiempo, el caso refleja la desconfianza latente entre La Cámpora y Kicillof. Las empresas operadoras en el puerto han expresado su preocupación por el impacto que esta disputa podría tener en futuras inversiones. Señalan que la postura camporista podría frenar el desarrollo del puerto si no se alcanza un acuerdo.
