El presidente presentará un informe en el que se detallan las anomalías y las deudas que encontró al asumir el Poder Ejecutivo. La información fue obtenida en base a una auditoría completa del Estado. El documento abarca todas las reparticiones nacionales y muestra un panorama desolador de la administración pública.
Lo que dejó la gestión anterior
Según adelantó el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Secretaría de Transformación del Estado elaboraron el informe. Refleja la situación de cada una de las 114 reparticiones del Estado al momento de la asunción de Milei. Entre los hallazgos más alarmantes, se destacan contrataciones irregulares y deudas millonarias que suman casi tres billones de pesos.
El objetivo de confeccionar la auditoría es identificar cuestiones críticas de cada organismo de gobierno. El miércoles se presentó el informe ante la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, aún no se ha confirmado si el documento será difundido en los próximos días o si será reservado para el discurso del presidente Milei en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el próximo 1° de marzo.
Se confirmó, además, que la información sospechosa sobre el accionar del gobierno de Alberto Fernández se enviará a la Oficina Anticorrupción. El director, Alejandro Melik, ya comenzó a enviar avisos sobre las declaraciones juradas.
Auditorías internas en los Ministerios
Esta semana se dieron a conocer los resultados de la auditoría interna realizada en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. El informe al respecto reveló graves irregularidades en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que se encarga de otorgar subsidios para la compra de medicamentos de alto costo, como oncológicos o prótesis para cirugías, entre otros insumos.
Ante esta situación, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano realizó una denuncia penal que recayó en el juzgado de subroga Julián Ercolini. La denuncia acusa a los responsables de la DADSE de los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También, se realizó una profunda revisión de las dependencias del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Quedaron al descubierto una serie de anomalías que comprometen la transparencia y la eficiencia del desarrollo de la gestión. Lo más grave fue el hallazgo de oficinas del INADI que se utilizaban como “cuevas” para realizar operaciones financieras ilegales.
El ministro de Justicia tomó la decisión de realizar la denuncia penal de los hechos de corrupción. Además de rescindir los contratos irregulares, reducir los gastos de alquiler y reestructurar el personal de la cartera. Las desprolijidades que dejó la gestión anterior en cada área de gobierno comprometen la credibilidad de los Ministerios. A medida que el gabinete de Javier Milei lo da a conocer públicamente, se expone a un escándalo político y social.
