La decisión se dio luego de la negativa del director ejecutivo de la empresa, Elon Musk, de nombrar un representante legal en Brasil, y de su incumplimiento de las órdenes de moderación de contenidos que impulsó de Moraes, donde incitó al magnate tecnológico a cumplir con la legislación brasileña.
¿Democracia acotada?
Anteriormente, Musk empezó siendo investigado por la justicia de Brasil desde el mes de Abril de este año en una causa conocida como “Milicias Digitales”, la cual se relaciona con los atentados en Brasilia en Enero del 2022. Se lo menciona como uno de los sospechosos de difundir fake news a través de redes sociales para tratar de influir en procesos políticos (en este caso, las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Octubre del 2022 en Brasil).
El conflicto comenzó a escalar con verborrágicas declaraciones de Elon Musk a través de X, llamando al juez brasileño dictador y que había actuado con un exceso de censura. El 17 de Agosto, las oficinas de X en Brasil cerraron sus puertas, lo cual viola la legislación del país, ya que para operar dentro del territorio nacional todas las plataformas de redes sociales necesitan de un representante legal con el que puedan contactarse. El 28 de Agosto, de Moraes incitó a Musk a cumplimentar la ley de Brasil. Pasadas 48 horas, se ordenó la suspensión de X en todo el territorio. Como resultado, los usuarios no pueden acceder a X con una dirección IP en Brasil, la cual identifica la ubicación de cada dispositivo.
Sumado a la orden de restricción, de Moraes incluyó una prohibición a los usuarios de adoptar medios tecnológicos alternativos para intentar acceder a X, refiriéndose a los VPN que disfrazan la ubicación de los dispositivos. Además, impuso una multa de R$50.000 por día a quienes intentaran acceder a través un VPN. Aquí el conflicto que subyace es si corresponde o no castigar a los usuarios de una red social que se encuentran fuera de un proceso legal.
Estos hechos parecen ser sólo el inicio de un largo conflicto, ya que al día de hoy (4 de Septiembre) la oposición brasileña impulsa una solicitud de impeachment o juicio político frente al magistrado de Moraes, la cual ya contaría con el apoyo de más de 150 legisladores.
Criptoanarquismo y Libertad de expresión
Con esta prohibición, Brasil aumenta su control sobre la desinformación en redes sociales y su política intervencionista en pos de “proteger a las personas limitando su acceso a la información”, argumento utilizado para implementar la Ley contra las Fake News, en tratativas desde 2020 cuando fue aprobada por el Senado.
Así, Brasil se suma a la lista de naciones que tienen prohibido X en su territorio, muchas de ellas gobernadas por regímenes autoritarios, entre las que se encuentran Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, y Pakistán, entre otras. En vez de X, otras aplicaciones son ampliamente utilizadas, por ejemplo en China, donde Weibo y WeChat se usan en el día a día por los usuarios, aunque operan bajo la ley china y están obligadas a compartir sus datos con el gobierno.
En este punto es interesante analizar la tesis criptoanarquista, una ideología que se muestra a favor de utilizar técnicas criptoasimétricas en pos de favorecer la privacidad de los usuarios y así facilitar la libertad individual y de expresión. Con lo sucedido en Brasil, podemos ver de primera mano como se desarrolla un conflicto dentro del ciberespacio, un lugar donde los Estados-Nación aún no son capaces de desarrollar capacidades técnicas para ejecutar sus leyes y regular su uso de manera debida.
Recientemente, también presenciamos el arresto de Pavel Durov, CEO de Telegram y creador de la red social de mensajería con más de mil millones de usuarios, debido a su estrategia de no intervención en la difusión de contenido dentro de la plataforma. Esto permite la difusión de materiales ilegales y la privacidad dentro de los grupos o chats entre usuarios, lo que motivó a su detención en Francia, el pasado 24 de Agosto.
Las capacidades estatales frente a las Big Tech
El conflicto entre Elon Musk y la justicia brasileña plantea un dilema donde la Tecnopolítica, el Derecho Informático y la moderación de contenidos en función de las legislaciones vigentes dentro de cada país cobran sentido.
¿Es una lucha por la libertad de expresión, o por la pérdida de influencia, dominio y poder de decisión sobre una de las comunidades de X más grandes del mundo? Frente a la soberanía de un Estado, las grandes empresas y los magnates tecnológicos no son más que ningún individuo ni tienen mayor poder de decisión.
No se puede negar que desde hace algunos años, el poder de las empresas digitales frente al Estado ha ido en aumento, acaparando una gran cantidad de datos de los usuarios y teniendo acceso a esa información. La gran ventaja que estas empresas poseen es que pueden modificar su comportamiento en base a las herramientas que ellas mismas proporcionan, es decir, a través de algoritmos predictivos, notificaciones constantes y demás.
Frente al creciente avance de las Big Tech, por el momento los Estados se apalancan en legislaciones para evitar la fusión de empresas y su monopolización (como en China); regular el acceso a datos personales (como en la UE); o regular el acceso de empresas extranjeras dentro de su territorio (como en India).
Resta saber como actuarán en un futuro otros Estados-Nación, ya que la velocidad de innovación tecnológica genera retrasos en las capacidades estatales de regulación. Mayores impuestos a las grandes firmas tecnológicas, o la creación de una tasa impositiva corporativa mínima global en un esfuerzo por cerrar las lagunas fiscales transfronterizas utilizadas por algunas corporaciones, podrían ser algunos pasos a seguir. ¿Los Estados cederán frente a este paradigma tecnoutópico? Por el momento, en Brasil, no parece ser el caso.
