Tras el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), el gobernador de Buenos Aires anunció la creación de una Unidad Provincial Especializada. Estaría dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Axel Kicillof hizo el anuncio luego de reunirse con Estela de Carlotto. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo expresó su preocupación por el desmantelamiento de la unidad que operaba bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.
El cierre de la CONADI, dispuesto por el presidente Javier Milei mediante el decreto 727/2024, ha generado una fuerte reacción de la oposición. Kicillof afirmó que «seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo». Con esta medida, la provincia de Buenos Aires demuestra su intención de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El organismo disuelto, creado en 2004, tenía entre sus funciones el acceso directo a archivos de organismos nacionales y la realización de investigaciones sobre bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura. El gobierno de Javier Milei justificó la eliminación del CONADI argumentando que sus funciones eran competencia exclusiva del Poder Judicial. Por lo tanto, su existencia violaba la división de poderes y el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
Desfinanciamiento de organismos estatales
Estela de Carlotto, en declaraciones a El Destape, calificó la medida como “aberrante”. Advirtió que el gobierno está cerrando «un montón de puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda, que es un derecho humano y universal». En su intervención, De Carlotto subrayó que la lucha por encontrar a los nietos apropiados durante la dictadura no es un capricho ni un reclamo sectorial, sino un “deber ético” y una causa que trasciende a toda la sociedad.
El anuncio de Kicillof se da en un marco de crecientes tensiones respecto a las políticas de derechos humanos en el país. Desde la llegada de Javier Milei al poder, se han desmantelado diversos organismos estatales relacionados a esta temática que no cumplían su misión. Como el “Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas”, y el “Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social”.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado un desfinanciamiento generalizado de los sitios de memoria en todo el país. Estas medidas buscan ser explicadas por la oposición como un intento de minimizar o incluso negar las atrocidades cometidas durante la última dictadura. Además, la reciente visita de diputados libertarios a represores condenados en la cárcel de Ezeiza ha generado un profundo malestar y cuestionamientos sobre la postura del gobierno nacional.
