El juez federal Sebastián Casanello ha citado a indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en relación a una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo. Según las investigaciones, el Polo Obrero habría utilizado “facturación apócrifa” y simulado “gastos no concretados” para encubrir el verdadero uso de una parte importante de los fondos estatales.
Desvío de fondos e irregularidades
La hipótesis del juez es que “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”. El expediente se inició tras denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo, quienes afirmaron que se les obligaba a participar en marchas para conservar sus planes. Además, se les cobraba un porcentaje de sus ingresos para financiar los gastos de la organización. Luego de ratificar estas denuncias, la investigación señaló un desvío de los fondos que el Polo Obrero recibía como unidad de gestión del programa.
Belliboni, junto con otros dirigentes del Polo Obrero, deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo. La lista de citados a indagatoria incluye un total de 23 personas, entre las que se encuentran también representantes de la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. Estas últimas agrupaciones no están bajo sospecha de administración fraudulenta, sino de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.
Confundir lo público con lo privado
El juez destaca que Belliboni firmó convenios con el Estado y presentó rendiciones de cuentas del Polo Obrero como “unidad de gestión” de los fondos del Potenciar Trabajo. El rol de estas unidades era garantizar la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad a través de propuestas productivas. Por un lado, controlaban los requisitos para acceder o conservar el plan, y por otro, recibían fondos estatales para proyectos de reinserción laboral.
En resumen, la investigación apunta a una gestión indebida de recursos estatales por parte del Polo Obrero, utilizando diferentes personas jurídicas para obtener beneficios particulares. El uso de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados habrían confundido lo público con lo privado al financiar actividades partidarias.
