El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes del Polo Obrero. Se los acusa de administración fraudulenta de fondos públicos y amenazas a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. La investigación revela pruebas contundentes sobre cómo habrían manipulado recursos estatales. Además de presionar a los beneficiarios para que militaran en el Polo Obrero y entregaran un porcentaje de sus ingresos.
Utilización de facturas apócrifas
Entre las pruebas presentadas, Casanello destaca el uso de facturas falsas. En el fallo, se mencionan irregularidades en las facturas presentadas para justificar los gastos del Polo Obrero. Por ejemplo, Rumbos emitió 11 facturas idénticas, con montos de $250.000, para conceptos variados como “kits de seguridad de ropa de trabajo” y “impresiones 4 colores papel ilustración 72%”. Además, las fechas de las facturas y los pagos no coinciden, con diferencias de meses, y se hallaron facturas no presentadas con la indicación “guardar por las dudas”.
El juez también señala la participación de Coxtex, una empresa catalogada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas, sin capacidad económica, destinada exclusivamente a emitir comprobantes falsos. Asimismo, Miniso Trade, que emitió una factura por productos electrónicos a precios inflados, se descubrió que su domicilio estaba desocupado desde hacía cinco años. Estas irregularidades, según Casanello, revelan una red de operaciones fraudulentas para desviar fondos.
Fallas en la rendición de cuentas
Otro aspecto relevante del fallo es el uso de cheques para transacciones, lo que complica la trazabilidad del dinero. Casanello subraya que más de $80 millones de pesos no fueron rendidos ni devueltos, pese a que los plazos de los convenios habían vencido.
Los fondos excedentes debían ser reintegrados al ministerio o solicitada su reasignación, según los documentos. La falta de rendición de cuentas y la opacidad en las transacciones aumentan las sospechas sobre la administración de los recursos.
Las pruebas para el caso judicial
Las pruebas de las amenazas a los beneficiarios se originaron en llamadas anónimas recibidas por el Ministerio de Seguridad. Estas denuncias revelaron que algunos beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo eran presionados para asistir a movilizaciones y aportar un porcentaje de sus ingresos al Polo Obrero. Entre los testimonios recogidos, se destacan mensajes de WhatsApp donde se organizaba la recaudación de aportes y se exigía la asistencia a las movilizaciones, además de mensajes pidiendo a los beneficiarios que votaran por los candidatos del Partido Obrero.
La investigación también incluyó la colaboración de tres imputados que, bajo acuerdos con la fiscalía, revelaron detalles sobre la exigencia de cápitas y la supervisión de la asistencia a marchas como requisito para mantener los planes. Uno de los arrepentidos explicó que los beneficiarios solo necesitaban firmar las planillas y asistir a las movilizaciones, sin realizar contraprestaciones efectivas por los fondos recibidos. La documentación secuestrada en varios allanamientos muestra listados de asistencia a movilizaciones y planillas de control de presentación de cápitas.
Además, las escuchas telefónicas fueron fundamentales para la acusación. Una conversación entre una beneficiaria del plan y una delegada del Polo Obrero revela la presión para asistir a las actividades del grupo, con la delegada argumentando que la participación en las movilizaciones era una “contraprestación” necesaria, sin tener en cuenta las circunstancias personales de los beneficiarios. Estas escuchas evidencian la coerción y el control ejercido sobre los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo.
Fin a la corrupción del Polo Obrero
El procesamiento de Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero marca un hito en la lucha contra la corrupción y el abuso en la administración de planes sociales en Argentina. Las pruebas presentadas por Casanello apuntan a una estructura organizada que utilizó los fondos públicos para fines partidarios y personales. Además, impusieron una dinámica de amenaza y coerción a los beneficiarios. La causa continúa desarrollándose, y se espera que nuevas evidencias fortalezcan aún más la acusación.
