El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) está siendo investigado en una causa por no rendir cuentas de 80 millones de dólares destinados a relevar tierras reclamadas por comunidades indígenas y por el reconocimiento irregular de 174 propiedades el año pasado. Estas acciones se llevaron a cabo en tiempo récord y han generado conflictos con particulares y el Estado, especialmente con el Ejército.
El INAI recibió 80 millones de dólares para llevar a cabo el relevamiento de tierras reclamadas por comunidades indígenas. Sin embargo, no se ha presentado la documentación necesaria para justificar el uso de esos fondos. La falta de transparencia en la gestión de estos recursos ha llevado a una investigación por parte de las autoridades, quienes buscan esclarecer el destino del dinero.
La causa.
Durante el mandato de Alberto Fernández y la vicepresidencia de Cristina Kirchner, se otorgaron 174 propiedades a comunidades indígenas sin el debido proceso, en tiempos récord sin precedentes, lo que ha causado tensiones con los actuales propietarios de esas tierras, la mayoría instituciones estatales, como el ejército o bosques nacionales, quienes en muchos casos ni siquiera fueron notificados de las resoluciones. Se trata de 174 propiedades
El fiscal Carlos Stornelli abrió la causa al descubrir que muchos expedientes en los que se reconocieron derechos de propiedad a comunidades indígenas eran «precarios» desde el punto de vista jurídico. Esto significa que no cumplían con los requisitos necesarios para obtener un “reconocimiento de ocupación territorial”. Aunque algunos reconocimientos estaban bien fundamentados y eran reclamos legítimos de años, el INAI favoreció los reclamos de grupos que lo apoyaban electoralmente.
El nuevo presidente del INAI, Claudio Avruj, ordenó una auditoría interna que reveló más irregularidades, incluyendo la falta de rendición de gastos en otros casos. La auditoría muestra que durante la vigencia del DNU 805, el organismo no rindió cuentas de los trabajos que debían realizarse en provincias como Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy.
El rol de Alberto Fernández
El ex presidente Alberto Fernández firmó el DNU 805 en 2021, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto fuera el desalojo o desocupación de tierras reclamadas por grupos indígenas. Además, Fernández otorgó 290 millones de pesos extras al INAI, equivalentes a unos 80 millones de dólares al cambio de la época, para realizar estos relevamientos.
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Los falsos mapuches
Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales Argentina, anunció hace pocos días la rescisión de un contrato de comodato que cedía dos hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi a la ONG Fundación Arcángel San Miguel por la Justicia, Igualdad y Solidaridad. Este acuerdo, firmado durante la administración de Alberto Fernández, otorgaba el uso de estas tierras para turismo social por un período de diez años.
El contrato, fechado el 25 de noviembre de 2021, fue firmado por Lautaro Eduardo Erratchú, entonces titular de Parques Nacionales, y Franco Daniel García Dellavalle, abogado cooperativista y representante de la fundación. Dellavalle, conocido por su cercanía al dirigente social Juan Grabois, también fue funcionario en el Ministerio de Economía bajo la gestión de Sergio Massa. Actualmente, se autodefine como «militante popular» y miembro del Movimiento Popular La Dignidad.
La rescisión de estos contratos se enmarca en un esfuerzo por revisar y corregir las decisiones tomadas en el pasado que puedan haber favorecido intereses particulares en detrimento del interés público. La administración actual de Parques Nacionales busca asegurar que los acuerdos y concesiones se realicen de manera justa y transparente, beneficiando a la comunidad en general y protegiendo los recursos naturales de Argentina.
Cristian Larsen, Presidente de Parques Nacionales, protagonista.
La decisión de rescindir este contrato no es un hecho aislado. Las auditorías también han revelado otros convenios cuestionables, como el reconocimiento de ciertos sitios en Nahuel Huapi como sagrados para comunidades mapuches. Estos convenios incluyeron la suspensión de juicios y causas de desalojo iniciados durante el gobierno de Mauricio Macri y la obligación del Estado de construir viviendas para estas comunidades dentro del Parque Nacional.
Larsen fue enfático al señalar el fin de los acuerdos que benefician a «amigos del poder» y gestores de la pobreza en el país. «En los Parques Nacionales se terminan los acuerdos de los amigos del poder, gerentes de la pobreza y de la desidia de nuestro país», afirmó, y además agregó que conseguirá transparencia y saneamiento del organismo sin importar cuantas causas deba abrir.
