En un nuevo episodio que sacude la política argentina, la Justicia ha ordenado una serie de allanamientos en cooperativas y domicilios particulares en el marco de la “Causa Guardapolvos”. La investigación busca esclarecer presuntas irregularidades en la fabricación de prendas escolares destinadas a más de un millón y medio de niños de bajos recursos. El gobierno de Javier Milei apunta a la gestión de la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La denuncia sostiene que se pagaron cifras millonarias por piezas que nunca se entregaron, generando un perjuicio significativo al Estado.
Irregularidades de la gestión
El juez federal Julián Ercolini autorizó los operativos, a solicitud del fiscal Carlos Rívolo, quien lidera la investigación. Se ha recolectado una gran cantidad de pruebas que apuntan a la incapacidad de las cooperativas para cumplir con los contratos por los cuales recibieron fondos públicos. Este avance ha puesto bajo la lupa una serie de convenios firmados por Tolosa Paz y el entonces secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano, con más de treinta cooperativas.
El núcleo del escándalo gira en torno a la firma de contratos por un valor superior a los 5.000 millones de pesos para la confección de guardapolvos para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según una auditoría realizada por el Ministerio de Capital Humano, menos de la mitad de las prendas comprometidas fueron entregadas, mientras que el 78% de los fondos ya habían sido cobrados. Por esta razón, el gobierno acusa a Tolosa Paz de «defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», entre otros delitos.
Un esquema fraudulento
Entre las cooperativas implicadas, cinco se destacan por haber recibido entre 600 y 700 millones de pesos cada una, sin cumplir con la entrega de las prendas. Estas incluyen a Los Pitufos y 15 de Julio, ambas de Quilmes, municipio gobernado por Mayra Mendoza; Mariscal Francisco Solano López y Kbrones, de La Matanza, bajo la intendencia de Fernando Espinoza; y Manos, de Berisso, gobernada también por el PJ. La situación ha generado un fuerte cuestionamiento hacia la transparencia y el control en la gestión de los fondos públicos.
La investigación ha revelado, además, que algunas cooperativas recibieron pagos fraccionados sin haber entregado un solo guardapolvo, en clara violación de los términos contractuales. Un caso especialmente alarmante es el de la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada. Solicitó un subsidio de 710 millones de pesos para confeccionar 165.000 guardapolvos, basando su solicitud en un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Curiosamente, este había sido elaborado antes de la presentación del pedido.
El gobierno ha señalado que este patrón se repite en las solicitudes de subsidios de otras cooperativas, las cuales presentaban textos idénticos. Aparentemente actuaron bajo un esquema de «simulación fraudulenta». Según la denuncia, estas entidades carecían de la infraestructura necesaria para cumplir con los compromisos asumidos. Esto sugiere una premeditación en el incumplimiento, con el consiguiente perjuicio para la administración pública.
La “Causa Guardapolvos” ha escalado rápidamente, generando un fuerte revuelo en el ámbito político y judicial. La denuncia surge en un contexto de crecientes cuestionamientos a la gestión anterior. Podría tener profundas implicaciones para los involucrados, y representa un nuevo capítulo en la lucha del gobierno libertario contra la corrupción del kirchnerismo.
