La medida del Gobierno Nacional contra el INADI fue oficializada por medio del decreto 167/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, despertando una ola de críticas en la oposición. La intervención del Instituto había sido dispuesta en junio de 2011 y prorrogada a través del Decreto 15/2023.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue de los primeros en repudiar la decisión del presidente Javier Milei al sostener que el Gobierno «va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática».
El gobierno de Milei -que va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática- cierra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado por la ley 24.515 en 1995.
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 22, 2024
Repudio absoluto a esta decisión. pic.twitter.com/iNZ4yNnMjz
Luego se expresó el diputado opositor Leandro Santoro, quien sugirió abrir el diálogo con la DAIA respecto al desmantelamiento del instituto. «Eliminar burocracia? Perfecto.
Eliminar burocracia? Perfecto.
— Leandro Santoro (@SantoroLeandro) February 22, 2024
Reducir cargos políticos? Ok.
No designar gente q no sabe del tema? Obviamente.
Pero cerrar el INADI está mal.
Le preguntaron a la @DAIAArgentina que opina?
Preguntele a la comunidad Judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país.
La ex titular del INADI, Victoria Donda, reaccionó con dureza al anuncio del Gobierno de cerrar el organismo. «No me sorprende que este Gobierno, que no defiende los derechos, que deja a los niños con cáncer sin medicamentos, haga esto», comenzó la también exdiputada, quien estuvo al frente de la entidad entre 2019 y 2022. «Está claro que al Gobierno no le importa el Inadi como no le importa que tengamos una educación pública y gratuita de calidad, entre otras cosas», aseveró.
El Sindicato de trabajadores del Estado también se pronunció. “Si avanza con esta decisión, el Gobierno inicia un grave retroceso para el sistema democrático de nuestro país”, dijo el titular Rodolfo Aguiar. «Avanzar con su cierre sería ilegal. Tiene que quedar claro que cada funcionario que firme resoluciones ilegales, va a terminar preso”, aseveró.


