En una decisión unánime, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener la medida cautelar en la causa que investiga a la ministra Sandra Pettovello por “violación de los deberes de funcionario público”, entre otros delitos. La acusación se centra en la presunta acumulación que llevó a vencer 6 mil toneladas de alimentos.
Resoluciones de la Justicia
Casación aplicó el trámite más expedito del código procesal penal (artículo 465 bis CPPN) debido al riesgo de lesión a bienes jurídicos de imposible reparación ulterior. Los jueces Angela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar señalaron que el recurso presentado por Leila Daniela Gianni no logra rebatir de manera concreta y completa los argumentos de la resolución impugnada, privándolo de la fundamentación requerida por el artículo 463 del CPPN.
Además, citando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los magistrados indicaron que la parte no ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que justifique la intervención de la Cámara como tribunal intermedio.
Recordando que la resolución del juez Casanello sobre la causa ya había sido convalidada por unanimidad por los tres jueces de la Cámara Federal porteña, la cartera de Sandra Pettovello deberá asumir las costas del proceso. El pronunciamiento atacado fue emitido por la Cámara de Apelaciones como órgano revisor de las resoluciones judiciales, lo que confirma la doble conformidad judicial.
Reacción de Capital Humano
En semanas anteriores, Pettovello afirmó que todo lo relacionado con los alimentos es una “cuestión política no judiciable”. Por lo cual, corresponde exclusivamente al ministerio establecer prioridades y políticas de distribución. Ante una resolución contraria, anunció que recurrirá a la Corte Suprema.
En respuesta a la intimación judicial, Capital Humano informó que convocó a los Ministerios de Desarrollo Social provinciales para participar en la distribución de alimentos. Los recursos que se encuentran almacenados en depósitos nacionales estarán destinados a escuelas vulnerables. La adhesión de las provincias implicará el retiro de los alimentos según las cantidades y ubicación establecidas en un Convenio de Colaboración.
