A través de la Resolución 452/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía estableció lineamientos para la finalización del plan «Argentina Hace«. La Secretaría de Obras Públicas, bajo la dependencia del Ministerio de Economía, se encargará de esta tarea, evaluando los proyectos en ejecución para determinar su nivel de avance y cumplimiento.
El gobierno quiere asegurar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional. En este contexto, mencionaron que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración”. Esta evaluación incluye la posibilidad de corregir irregularidades, recuperar fondos o incluso rescindir contratos si se identifica algún incumplimiento por parte de la provincia, municipio o entidad ejecutora de la obra.
Los detalles del nuevo modelo.
Este enfoque no solo implica la revisión de los convenios de adhesión y específicos en curso, sino también la evaluación de la conveniencia de continuar con cada proyecto. El gobierno considerará el grado de avance de la obra, el interés público y los costos involucrados. Si se decide continuar con la obra, esta deberá completarse en un plazo de 120 días, con la posibilidad de una prórroga.
En los casos donde se requiera la devolución de fondos, estos se actualizarán según la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina. Si la provincia, municipio o entidad ejecutora no devuelve los fondos dentro del plazo establecido, se iniciarán acciones judiciales para su recupero.
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¿Qué era el plan «Argentina Hace»?
Era el título que tenían las obras públicas en el kirchnerismo. El plan «Argentina Hace» fue lanzado en enero de 2020 por el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de ejecutar proyectos de infraestructura en 2.307 municipios de todo el país. Este programa buscaba generar empleo local con paridad de género, creando 20.000 puestos de trabajo en obras relacionadas con acceso al agua potable, saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.
Desde el gobierno, aseguraron que “se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional”. Recordaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que declaró la emergencia pública en varias áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, debido a la gravedad de la crisis económica y social del país.
La administración actual considera necesario dejar sin efecto programas que no cumplen con los criterios de eficiencia requeridos en este contexto. Esta decisión refleja una estrategia más amplia para superar la situación de emergencia y garantizar el funcionamiento efectivo del sector público.
La decisión de cerrar el plan «Argentina Hace» y revisar los proyectos en curso ha generado controversia y críticas de diversos sectores. Algunos consideran que esta medida puede afectar el empleo y la continuidad de proyectos importantes para las comunidades locales. Sin embargo, el gobierno defiende a capa y espada la necesidad de estas acciones para desarticular redes extensas de corrupción en la designación de obras públicas y cooperativas de construcción.
