Córdoba está conmocionada tras el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de Fernando Albareda, miembro de la agrupación H.I.J.O.S. y funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El cuerpo de Montoya, de 74 años, fue encontrado el sábado en su hogar del barrio Ampliación Poeta Lugones, con evidentes signos de violencia. En una pared de la vivienda, los homicidas dejaron un mensaje intimidatorio: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.
El fiscal Juan Pablo Klinger, encargado de la investigación, espera el informe del forense para determinar las causas exactas de la muerte. Fernando Albareda, quien encontró el cuerpo de su madre, declaró: “La casa estaba desordenada, pero no sé si se trató de un robo. Salté el tapial de la vecina porque no me contestaba el teléfono y la encontré así. Vi que estaba muerta y llamé a la Policía”. Este trágico hallazgo ha desatado una oleada de indignación y temor en la comunidad, según explicaron las víctimas en La Voz del Interior.
Antecedentes en la familia
Este asesinato se suma a una serie de amenazas que Albareda había recibido en diciembre pasado. En esa ocasión, aparecieron mensajes mafiosos en la puerta de su casa, junto a seis balas calibre .22 largo. Los textos decían: “Se te terminaron los amigos en la policía”, “te vamos a juntar con tu papito” y “vas a morir”. Albareda, quien trabaja en el Centro de Integración de Migrantes y Refugiados en Córdoba, ya había sido advertido sobre su seguridad debido a su trabajo.
El historial de violencia contra la familia Albareda se remonta a 1979. El padre de Fernando, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, militante del ERP, fue secuestrado por una “patota” del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Este contexto histórico añade una capa de gravedad al reciente asesinato de Susana Montoya y las amenazas que su hijo continúa recibiendo.
Repercusión en la política
Diversas figuras y organizaciones han expresado su repudio y solidaridad respecto del caso. La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, repudió el homicidio y advirtió que Argentina “está viviendo momentos muy difíciles”. Sus declaraciones enfatizan en la preocupación que deben tener los organismos de derechos humanos ante un supuesto resurgimiento de la violencia política.
“El Estado, que nos debe cuidar, tiene gente que está feliz de traer muerte, dolor, detenciones irregulares. Esto pasó de castaño a oscuro. El Gobierno actual quiere entorpecer la historia de nuestro país, cambiarla”, afirmó Carlotto
También, la diputada nacional de UxP, Gabriela Estévez, exigió el esclarecimiento inmediato del asesinato en sus redes sociales. Los organismos de derechos humanos en Córdoba también manifestaron su indignación, exigiendo justicia y movilizándose para mantener la atención sobre el caso. La comunidad espera respuestas y acciones concretas para garantizar la seguridad y la justicia para la familia Albareda y todas las víctimas de la violencia política en Argentina.
