Un fallo con impacto histórico
El Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de bienes y dinero por $684.990 millones. La decisión se tomó dentro de la causa Vialidad, ya con sentencia firme desde junio de 2025. El monto inicial había sido de $84.835 millones, pero la actualización contable elevó la cifra a un nivel récord.
La medida recae sobre Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, otros condenados del expediente y también sobre Máximo y Florencia Kirchner como titulares de propiedades identificadas en el proceso.
El listado de bienes que pasan al Estado
El tribunal dispuso avanzar con la tasación y ejecución de inmuebles vinculados a Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto. También incluye propiedades transferidas a los hijos de la ex presidenta.
Si esos activos no alcanzan, se evaluarán bienes de ex funcionarios como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. Todos los inmuebles quedarán registrados en la Base General de Bienes Secuestrados y Decomisados.
El período investigado va de mayo de 2003 a diciembre de 2015, etapa que el tribunal definió como clave para la maniobra.
Las defensas objetaron la medida
Los abogados de los condenados rechazaron el decomiso. Plantearon que no existe vínculo entre los bienes y el delito, y señalaron supuestas fallas probatorias. También cuestionaron la inclusión de propiedades adquiridas antes de asumir cargos públicos o ya analizadas en otras causas.
El tribunal respondió que la sentencia firme acreditó beneficios económicos para Báez y para la familia Kirchner. Remarcó que esos beneficios surgieron de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz.
Además, citó la normativa argentina y los convenios internacionales de lucha contra la corrupción. Estas normas permiten recuperar bienes aunque se hayan mezclado con activos de origen lícito.
Qué etapa comienza ahora
La resolución fue comunicada a la Corte Suprema, que definirá el destino final de los inmuebles. El tribunal indicó que la prioridad es reparar el daño causado al Estado y a la sociedad.
La Fiscalía podrá identificar nuevos bienes si surgen durante la ejecución de la sentencia. El proceso continuará bajo los procedimientos legales establecidos.
Una decisión que marca el rumbo
La causa Vialidad avanza hacia su etapa final. El decomiso récord consolida la recuperación de activos como política judicial y como respuesta a años de irregularidades en la obra pública. El destino de los bienes ahora depende del máximo tribunal del país.
