En un contexto de creciente tensión diplomática con Venezuela, la Cancillería argentina se moviliza para presentar una protesta formal ante las Naciones Unidas (ONU). El motivo de la denuncia del gobierno de Javier Milei es la prohibición impuesta por el dictador Nicolás Maduro. Se trata de una medida que impide a los vuelos de Aerolíneas Argentinas cruzar el espacio aéreo venezolano. Esto representa una decisión arbitraria y sin precedentes en la historia bilateral de ambos países.
El frágil argumento de las prohibiciones
La decisión de Maduro se presenta como una represalia directa a la postura del presidente Javier Milei, quien respaldó la confiscación de un avión vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por parte de la justicia estadounidense. Este acto exacerba las marcadas diferencias ideológicas entre ambos líderes, poniendo en jaque la cooperación regional.
Desde Caracas, lejos de apaciguar los ánimos, revelaron las motivaciones políticas detrás de la prohibición de Aerolíneas Argentinas. Maduro justifica su decisión en el acto de hacer entrega del Boeing 747 de Emtrasur a Estados Unidos, alegando un acto de agresión por parte de la administración Milei.
La versión oficial argentina contradice la narrativa de Maduro. El avión se confiscó por violar normativas internacionales y estar tripulado por miembros de una organización terrorista vinculada a ataques en Argentina. Este punto de fricción refleja el estado crítico de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Argentina excluye a Venezuela de su esfera de relaciones internacionales y se prepara para posibles medidas más contundentes.
La búsqueda diplomática de una solución
La convocatoria a Stella Lugo, embajadora de Venezuela en Argentina, para llegar a un acuerdo, no dio frutos. La diplomática, conocida por su afinidad con el kirchnerismo, no ofreció soluciones. Esta situación llevó a la Cancillería a elevar el tono de su protesta, buscando una resolución que permita a Aerolíneas Argentinas operar sin restricciones.
La Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con otras áreas técnicas, trabaja en la redacción de un documento que será presentado ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este organismo, parte de la ONU, se encarga de regular la cooperación aérea internacional y garantizar el cumplimiento del Convenio de Chicago de 1944.
La disputa sobre el espacio aéreo se convirtió en un asunto de relevancia geopolítica, con implicaciones que trascienden la mera logística aérea. La comunidad internacional observa atentamente, mientras Argentina busca apoyo en la ONU para resolver este conflicto que desafía las normas de cooperación y convivencia entre naciones.
