Tras intensas negociaciones, el oficialismo, junto con el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, logró obtener un dictamen de mayoría con más de 61 firmas, muchas de ellas en disidencia, luego de aceptar dichas modificaciones. Esta tarde también se discute el paquete fiscal, completando una jornada legislativa cargada de debates y acuerdos.
El texto de la ley, conocido popularmente como «Ley de Bases«, ha sido objeto de arduas discusiones, culminando en la incorporación de una «modernización laboral» de alcance limitado. Esta medida fue solicitada especialmente por el radicalismo, autor de uno de los proyectos de reforma laboral más ambiciosos.
Puntos centrales de la nueva Ley de Bases:
- Declaración de emergencia energética, económica y financiera por un período de un año, buscando brindar herramientas para abordar crisis y desafíos en estos sectores.
- Reforma del Estado, que incluye una reorganización administrativa de organismos públicos con el fin de mejorar la eficiencia y la gestión de recursos.
- Privatizaciones, con la propuesta de una privatización total para empresas como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina y Televisión Argentina. Además, se plantea la posibilidad de concesión para compañías como AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Intercargo, SOFSE, Corredores viales y Nucleoeléctrica argentina. *Se eliminó el Banco Nación.
- Modificación en el régimen de empleabilidad para trabajadores estatales, con el objetivo de ajustar las condiciones laborales en el sector público.
- Consolidación de la deuda pública y del Fondo de Garantía de la Sustentabilidad de ANSES, buscando ordenar y regularizar la situación financiera del país.
- Establecimiento de un régimen de defensa de la competencia, con el fin de evitar prácticas que puedan distorsionar la competencia o restringir el acceso al mercado.
- Creación de un marco regulatorio para Fondos Fiduciarios, con el propósito de regular y supervisar el funcionamiento de estos instrumentos financieros.
- Modificación de la ley de hidrocarburos, con el objetivo de actualizar y adaptar la normativa a las nuevas condiciones del mercado energético.
- Implementación de un régimen de incentivos para «Grandes Inversiones», que brinde seguridad jurídica y protección especial durante un período de dos años, con el fin de fomentar la inversión y el desarrollo económico.
- Unificación de los entes reguladores energéticos, buscando una mayor coordinación y eficiencia en la regulación del sector energético del país.

La reforma laboral: Donde más tuvo que ceder La Libertad Avanza.
El compromiso del radicalismo de votar a favor del proyecto estaba condicionado a la inclusión de este capítulo, que busca atender las demandas del sector de las pequeñas y medianas empresas para flexibilizar las condiciones de contratación establecidas en la ley. Con 34 miembros, este bloque desempeñó un papel crucial en la obtención del quórum y la aprobación del proyecto en el recinto, evidenciando la importancia del diálogo y los consensos en el ámbito legislativo.
- Cuota sindical: Se eliminó el artículo que limitaba el descuento compulsivo de la llamada «cuota sindical» a todos los trabajadores, afiliados o no, la cual históricamente ha servido para financiar a los gremios.
- Bloqueos sindicales: Se retiró el artículo que consideraba la participación en bloqueos sindicales o tomas de establecimientos como «justa causa» de despido. En cambio, se plantea incorporar este punto al Código Penal, estableciendo penas de seis meses a tres años de prisión para aquellos que impidan el ingreso a establecimientos comerciales o industriales.
- Ultraactividad: No se avanzará en eliminar el principio laboral de ultraactividad, el cual establece que un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta que otro lo reemplace. Esta medida hubiera implicado abrir negociaciones por rama de actividad en ausencia de acuerdo entre gremios y empleadores, limitando la injerencia sindical.
- Multas: Se eliminan las sanciones económicas a empleadores por la contratación de trabajadores no registrados, con el objetivo de evitar la llamada «industria del juicio laboral».
Lo que sí sobrevivió del capitulo de reforma laboral de la Ley de Bases:
- Período de prueba: Se mantiene un período de prueba de seis meses, con la posibilidad de ampliarlo, especialmente para las Pymes. En empresas de seis a cien trabajadores, el período de prueba puede extenderse hasta ocho meses, y en empresas de hasta cinco empleados, hasta un año.
- Fondo de cese laboral: Se establece la creación de un fondo de cese laboral, similar al de la Uocra, como alternativa a las indemnizaciones. El empleador constituirá este fondo mediante convenio colectivo de trabajo y financiará únicamente con un aporte mensual máximo del 8% del salario.
- Se establece un «agravamiento indemnizatorio» en los despidos en los que, tras una sentencia judicial, se demuestre que motivaron actos discriminatorios.
- Simplificación registral: Se establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados.
Los tironeos en la Cámara de Diputados.
Uno de los movimientos previos al plenario fue la designación del diputado Santiago Santurio como nuevo presidente de la Comisión de Legislación General, en sustitución del diputado Gabriel Bornoroni. Este cambio se produjo tras una interna que desplazó a Oscar Zago de ese rol, y Santurio agradeció sugestivamente a Bornoroni como «mi jefe de bloque».
En el inicio de la sesión, los legisladores expresaron tanto sus acompañamientos como sus disidencias respecto al proyecto de ley Bases. Facundo Correa Llano, también de LLA por Mendoza, opinó que este momento representaba una oportunidad importante para la Argentina y resaltó los acuerdos que se habían alcanzado para llegar al nuevo texto. En contraste, Christian Castillo, Diputado por el PTS y Frente de Izquierda, criticó que los legisladores opositores no contaran con la redacción del nuevo proyecto consensuado con otros bloques para el dictamen, señalando similitudes con el debate sobre la ley Ómnibus.
Radicalismo, PRO y Hacemos: Los aliados.
Se evidenció también la separación de ex aliados de Juntos por el Cambio. Lisandro Nieri expresó el apoyo de un sector del radicalismo al proyecto, aunque condicionó su respaldo a la revisión de ciertos aspectos, como el esquema impositivo para las tabacaleras y el denominado Régimen para Grandes Inversiones. Además, solicitó la exclusión de la reforma laboral presente en la ley Bases para priorizar el proyecto de su partido que se debate en comisión. En contraposición, Damián Arabia del PRO enfatizó su respaldo al oficialismo y resaltó la importancia de la incorporación de una reforma laboral que consideró «estricamente necesaria».
Finalmente, Juan Manuel López, miembro de Hacemos Coalición Federal, anunció que acompañarían en general la redacción del proyecto, aunque expresó algunas observaciones respecto al marco regulatorio para fondos fiduciarios, la privatización del Banco Nación y la cesión de facultades extraordinarias a Javier Milei, considerando que otorgar un poder tan amplio a un presidente puede resultar preocupante.


