Los tribunales federales de Comodoro Py se convierten hoy en el escenario de una serie de indagatorias que involucran a los dirigentes del Polo Obrero. La Justicia investiga acusaciones de extorsión y desvío de fondos relacionados con el programa Potenciar Trabajo. Se sospecha que los fondos recibidos podrían haberse utilizado para realizar compras a empresas que emitieron facturas apócrifas, poniendo en tela de juicio la integridad del programa.
La investigación también busca esclarecer si se ejercieron amenazas o extorsiones a los beneficiarios del plan. Las acusaciones sugieren que se les habría exigido participar en marchas, colaborar en comedores o involucrarse en actividades políticas a cambio de recibir los beneficios estatales. Estas prácticas, de ser confirmadas, representarían una grave manipulación de los recursos y la confianza pública.
Desde las 9 de la mañana, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches comparecen ante la Justicia. Todas ellas enfrentan acusaciones serias que incluyen amenazas, presiones y la reventa de alimentos provistos por el Estado para los comedores sociales. La subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, expresó su deseo de justicia en un mensaje público, reflejando la gravedad del caso.
Próximas citaciones: jerarquías implicadas
La atención se centra ahora en las próximas citaciones judiciales. Jeremías Cantero, figura prominente dentro del Polo Obrero, está llamado a declarar sobre acusaciones de administración fraudulenta. Le seguirá Elizabeth del Carmen Palma, bajo sospecha de desviar fondos. Finalmente, Eduardo Belliboni, líder del movimiento, junto a otros miembros destacados, todos bajo investigación por su posible participación en la emisión de facturas falsas.
La trama se complica con el secuestro de 54 mil dólares en la residencia de Maria Dotti durante un allanamiento. Aunque Dotti alega que el dinero proviene de la venta de una propiedad, la situación plantea más preguntas sobre la gestión financiera del Polo Obrero. Roberto Adrián Albornoz, cofundador de la imprenta Rumbos, también está en el punto de mira por su posible implicación en la emisión de documentación fiscal irregular.
Este caso resuena en los círculos políticos argentinos, no solo por las figuras involucradas sino también por las implicaciones que tiene para la transparencia y la ética en la gestión de programas sociales. Las indagatorias en curso son un recordatorio de la necesidad de vigilancia y responsabilidad en la administración de los recursos del Estado, especialmente cuando están destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.
