Javier Milei ha dado un paso decisivo en la revisión de las contrataciones estatales al derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21. La medida se da en medio de las denuncias por un presunto esquema de corrupción que involucraría al ex presidente Alberto Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa. Según las acusaciones, el DNU habría facilitado la venta de pólizas de seguros con sobreprecio a organismos estatales. Esto beneficiaba a Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Fernández, María Cantero.
El nuevo decreto, 747/2024, publicado en el Boletín Oficial, anula todas las modificaciones realizadas anteriormente a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Estas modificaciones permitían que Nación Seguros, y otros entes estatales, pudieran vender pólizas de seguros a otras entidades del Estado sin un proceso de licitación. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos fueron quienes impulsaron la medida. Ahora tienen la responsabilidad de revisar todas las documentaciones relacionadas con estas contrataciones.
Los objetivos del nuevo decreto
Con la derogación del DNU, el gobierno busca desmantelar cualquier estructura que permita la corrupción en las contrataciones públicas. En este sentido, el decreto establece que cualquier contrato o convenio que favorezca indebidamente a una entidad se considera como un acto de corrupción. Salvo que el proveedor sea una entidad del Sector Público Nacional. Las organizaciones estatales tienen un plazo de 30 días para entregar toda la documentación requerida y de un año para cancelar las pólizas que hayan sido contratadas bajo la normativa anterior.
El Decreto 747/2024 también anula otros tres decretos promulgados durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Estos incluían la obligatoriedad de que el Estado pagara los salarios de sus empleados a través de cuentas abiertas en el Banco Nación y que se contrataran exclusivamente los servicios de YPF para combustible y lubricantes, y de Aerolíneas Argentinas para el transporte de funcionarios. La eliminación de estos decretos es vista como un intento por parte del gobierno de Milei de reducir el control estatal sobre las contrataciones. Además de abrir el mercado a la competencia.
Transparencia en las contrataciones
La derogación de estos decretos es parte de un plan más amplio del gobierno de Milei para garantizar la transparencia y la competencia en las contrataciones estatales. En este contexto, se ha instruido a todas las entidades estatales para que convoquen nuevos procesos de selección que garanticen estos principios. Además, la Oficina Nacional de Contrataciones será la encargada de supervisar las nuevas contrataciones que se realicen bajo el marco del Decreto 747/2024.
Finalmente, el gobierno deja abierta la posibilidad de que algunos contratos puedan prorrogarse por un año más, hasta el 21 de agosto de 2026, si se justifica su necesidad. Esta disposición busca asegurar una transición ordenada mientras se revisan las contrataciones vigentes y se implementan los nuevos procedimientos establecidos por el decreto.
