A pesar de los recientes aumentos en las partidas presupuestarias y los fondos adicionales, las universidades públicas han decidido continuar con la convocatoria a una marcha masiva que se llevará a cabo el martes 23 de abril en todo el país. Mientras tanto, el gobierno nacional ordena la realización de auditorías en las universidades, para controlar el destino de los fondos asignados por el Estado.
El aumento del 170% en las partidas presupuestarias y el 70% adicional para hospitales universitarios no ha logrado calmar las tensiones entre el gobierno nacional y las instituciones educativas. Aunque no está claro qué se reclamará específicamente en la marcha, persisten dudas sobre si estos fondos serán suficientes para cubrir los gastos operativos hasta fin de año.
Adoctrinamiento en la UNC
Sin embargo, el afán por convocar la marcha es tal que varias universidades están obligando a sus estudiantes a participar en la manifestación del 23 de abril. Un ejemplo de esto se viralizó recientemente en la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Respecto a esto, el presidente Milei compartió en sus redes su postura sobre el caso: “más adoctrinamiento”, sentenció.
En la Facultad de Ciencias de la Comunicación, los alumnos han recibido la encomienda de asistir a la marcha. Luego deben redactar una nota periodística como parte de su evaluación para aprobar la materia. Aquellos que no deseen participar en la movilización deberán cumplir con horas en un gremio docente, donde se les explicará la importancia de la marcha. Las opciones incluyen el gremio docente ADIUC y la Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba.
Revisión de la situación financiera
El conflicto entre el gobierno y las universidades alcanza su punto máximo en la previa de la marcha multitudinaria. Desde el gobierno, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, advirtió que, independientemente de las acciones tomadas, el dinero destinado a las universidades será auditado. La fiscalización del gasto en las universidades está respaldada por la Ley de Educación Superior, y desde hace 10 años, no se efectúan auditorías en el área.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, alertó sobre la situación financiera de la institución. Si no se asignan los fondos necesarios para cubrir las necesidades presupuestarias, la UBA podría verse obligada a cerrar sus puertas. A pesar de las promesas de refuerzo presupuestario, Gelpi plantea que las sumas ofrecidas por el gobierno están lejos de compensar el desequilibrio generado por la inflación.
