El gobierno de Javier Milei confirmó la propuesta del juez federal Ariel Lijo para cubrir el puesto vacante en la Corte Suprema de Justicia y de esta forma ocupar el quinto lugar en el máximo tribunal tras la salida de Elena Highton de Nolasco y de Manuel García-Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que cumple la edad jubilatoria a fin de año.
Lijo fue postulado para ocupar el lugar que Elena Highton de Nolasco dejó en el máximo tribunal en octubre de 2021 cuando renunció, mientras que García-Mansilla ingresaría por Juan Carlos Maqueda, que podría dejar su puesto en diciembre cuando llegue a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.
Una Corte Suprema sin mujeres
El gobierno oficializó la decisión respecto a la Corte a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. “Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contentos con una Justicia que defienda estricta y honrorosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, reza el texto. Desde noviembre de 2021 que la Corte funciona con cuatro miembros : el presidente, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Tras la renuncia de Highton de Nolasco en 2021 esa vacante todavía no se cubrió.
Lijo, uno de los magistrados más icónicos y polémicos de los tribunales federales de Comodoro Py, será el candidato a ocupar la vacante que dejó Highton de Nolasco en 2021. El oficialismo enviará sus pliegos para que el Senado apruebe su designación y el máximo tribunal de justicia del país quede completo.
El magistrado asumió como titular del Juzgado Federal N° 4 en lo Criminal y Correccional en Comodoro Py en 2004 y desde ese entonces tuvo en sus manos varias causas resonantes. No solo fue quien procesó y envió a juicio oral al exvicepresidente Amado Boudou por su supuesto involucramiento en los manejos de la ex Ciccone Calcográfica. También estuvo al frente de la investigación por la posible comisión de delitos por parte de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, en el marco del acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para que la empresa Correo Argentino S.A. saldara su deuda.
García-Mansilla considera que la ley de interrupción del embarazo es inconstitucional y también cuestionó “el marcado tinte anticlerical” de quienes impulsaron la legalización del aborto.
