En un nuevo giro judicial, el juez federal Sebastián Casanello ha ordenado la inhibición de bienes de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. Esta medida se produce en el contexto de una investigación que abarca administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales. Veamos los detalles de este caso que ha sacudido la escena política.
Medidas judiciales
El expediente en cuestión se centra en una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y fraude que afecta a la administración pública. El juez ha citado a indagatoria a 23 acusados, cuyas declaraciones se llevarán a cabo en seis audiencias programadas desde el 11 hasta el 25 de junio. Eduardo Belliboni, figura central en este escándalo, está entre los convocados por el juez. Esta semana, Belliboni compareció en la causa con la representación legal de la abogada Liliana Alaniz.
La decisión del juez no se limita a la citación a indagatoria. Además, se ha dispuesto la inhibición de bienes tanto para Belliboni como para los otros acusados. Esta medida es similar a la que ya había sido aplicada por el fiscal Gerardo Pollicita el 15 de mayo. Pero hay un detalle adicional: a solicitud de la fiscalía, también se incluyeron las billeteras virtuales en la medida de inhibición.
Origen de la causa
La causa se originó el 20 de diciembre, cuando se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei. En ese momento, el gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos presentaran denuncias anónimas. Una de esas denuncias llegó a los tribunales de Comodoro Py, y se recibieron reportes de todo el país. El fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, se enfocó en las 45 denuncias que tuvieron lugar en la Capital Federal. Tras rastrearlas, logró localizar a siete personas dispuestas a declarar.
El fiscal Pollicita ha señalado que, bajo la apariencia de una actividad solidaria, se montaron al menos tres grupos que operaban en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Estos grupos, valiéndose de las facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social, exigían dinero a los beneficiarios de planes sociales. Además, se les cobraba por la entrega de alimentos, se les obligaba a vender comida recibida del Estado Nacional y se los forzaba a participar en movilizaciones políticas. Todo esto se hacía bajo amenaza de dar de baja la prestación social o negarles alimentos y mercadería.
La resolución y las pruebas
Con base en los allanamientos y la información secuestrada, el juez Casanello ha ordenado las indagatorias. Considera que diversas personas, agrupadas en el “Polo Obrero” y la “Cooperativa El Resplandor Ltda.”, administraron indebidamente parte de los recursos estatales confiados en convenios con el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa “Potenciar Trabajo”. Se ha comprobado que Belliboni hizo uso de facturación apócrifa y la simulación de gastos para encubrir el verdadero destino de los fondos. Además, la exigencia de participar en marchas y aportar dinero bajo amenaza de perder la ayuda estatal ha agravado la situación.
