La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció ayer que se encuentra en «estado de alerta por incumplimiento salarial» y planteó la posibilidad de llevar a cabo un paro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo lunes, en caso de que las empresas no cumplan con lo acordado en la paritaria firmada en febrero pasado. Este anuncio genera preocupación entre los usuarios del transporte público en la región, quienes podrían enfrentarse a dificultades en sus traslados si se concreta la medida de fuerza.
Según lo expresado por representantes sindicales, la UTA ha adoptado esta posición debido al presunto incumplimiento por parte de las empresas del sector en cuanto a las mejoras salariales acordadas en la negociación paritaria realizada meses atrás. Este descontento laboral se suma a una serie de reclamos y tensiones que se vienen manifestando en el ámbito del transporte público en el AMBA en los últimos tiempos.
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Por su parte, desde la patronal se ha argumentado que la situación económica actual dificulta el cumplimiento de los compromisos salariales pactados, señalando que «no está la plata». Asimismo, se ha puesto en tela de juicio la responsabilidad del Gobierno en este contexto, sugiriendo que las políticas gubernamentales podrían estar afectando la capacidad financiera de las empresas del sector.
Ante esta situación, los usuarios del transporte público aguardan con preocupación la evolución de los acontecimientos, conscientes de que un eventual paro el próximo lunes podría generar complicaciones en su movilidad diaria. Mientras tanto, las partes involucradas continúan dialogando en busca de una solución que permita resolver este conflicto laboral y garantizar el normal funcionamiento del servicio de transporte en el AMBA.
El conflicto viene de larga data y parece no tener final a la vista.
La quita de subsidios en el AMBA ha sido un factor determinante en este escenario, ya que ha provocado un aumento significativo en el costo del boleto mínimo, que ahora se sitúa en $270. Además, el Gobierno ha anunciado que realizará actualizaciones mensuales del precio del boleto, en línea con la evolución de la inflación. Sin embargo, la patronal del transporte reclama que el Gobierno actualice las bases sobre las cuales se calculan los subsidios otorgados, argumentando dificultades financieras para hacer frente a las mejoras salariales acordadas.
El tire y afloje sindical.
Por su parte, el sindicato de la UTA sostiene que las empresas del sector están desconociendo lo estipulado en la cláusula sexta de la paritaria firmada en febrero, la cual establece la obligación de reunirse después del 15 de marzo para negociar un piso salarial para marzo, cuya base de cálculo convenida es de $987.000. Según la UTA, la patronal alega no contar con fondos suficientes para otorgar este aumento, lo que ha generado el malestar y la preocupación entre los trabajadores del transporte público en el AMBA.
Este conflicto laboral no solo afecta a los trabajadores y a las empresas del sector, sino también a los usuarios del transporte público, quienes podrían enfrentarse a interrupciones en el servicio en caso de que se concrete el paro anunciado por la UTA. En un contexto de inflación y dificultades económicas, la resolución de este conflicto se presenta como un desafío tanto para las autoridades gubernamentales como para los representantes sindicales y empresariales, quienes deberán buscar un equilibrio entre las demandas laborales y las necesidades del sistema de transporte público en el AMBA.
La otra cara de la moneda.
Según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), la responsabilidad de la situación actual recae en el Gobierno. Según indicó la patronal en una declaración reciente, la Secretaría de Transporte sostiene que el acuerdo alcanzado en febrero establecía una «base de negociación» para el mes de marzo. Sin embargo, como esta negociación aún está en curso, el salario básico del mes pasado permanece igual al del mes anterior, que era de $737.000.
Ante esta situación, las empresas reciben subsidios calculados en función de este salario mínimo, que es $250.000 menor al que reclama el sindicato. El vicepresidente de AAETA, Luciano Fusaro, expresó su opinión sobre la situación, considerando que es «imposible» resolverla en un plazo de 72 horas hábiles. Fusaro afirmó que las empresas no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las demandas del sindicato y que, por lo tanto, no están en condiciones de pagar lo solicitado por la UTA. En sus palabras, «no está la plata» y, aunque las empresas tienen buena voluntad, la situación financiera actual no permite cumplir con las exigencias laborales planteadas por el sindicato.
