La situación política en Venezuela ha alcanzado un punto crítico. Van casi dos semanas después de que el dictador Nicolás Maduro ejerciera el fraude electoral para un tercer mandato. Esto a pesar de que muchos países han señalado la existencia de “evidencia abrumadora” que indica una victoria masiva de la oposición, liderada por Edmundo González. Diferentes países del mundo solicitan la publicación de los resultados oficiales. Por su parte, Joe Biden insta a Maduro y a la oposición a negociar una “transición” de poder.
Los mediadores de Estados Unidos
La estrategia de Estados Unidos ha cambiado con respecto a enfoques anteriores. En lugar de ejercer presión directa sobre Maduro mediante sanciones o amenazas, la administración de Biden ha delegado en una tríada de gobiernos latinoamericanos de izquierda —México, Colombia y Brasil— la tarea de persuadir al mandatario venezolano para que ceda. No obstante, hasta ahora estos esfuerzos diplomáticos han producido escasos resultados. Mientras tanto, el clima de represión en Venezuela continúa intensificándose.
Los presidentes de México, Colombia y Brasil han emitido comunicados solicitando al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique los resultados completos y permita una verificación imparcial. Sin embargo, el organismo se encuentra bajo el control de Nicolás Maduro. La comunidad internacional también ha hecho llamados en este sentido. Destaca la falta de pruebas que respalden las afirmaciones del dictador sobre su supuesta victoria.
Contexto de represión sin precedentes
El fiscal general del gobierno de Maduro ha iniciado una investigación criminal contra los líderes de la oposición, incluidos aquellos que han pasado a la clandestinidad. El gobierno aún no ha publicado los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, Maduro insiste en que ganó con el 51% de los votos y ha acusado a la oposición de falsificar sus propios resultados. Paralelamente, ha intensificado la represión interna, arrestando a miles de personas y tomando medidas drásticas como la anulación de pasaportes y la censura de plataformas de comunicación como WhatsApp y X.
Mientras tanto, la Corte Penal Internacional (CPI) ha manifestado que sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela, donde la represión contra la oposición ha dejado un saldo de más de 2.000 detenidos y al menos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos. El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, ha subrayado la importancia de garantizar el respeto al Estado de derecho. Se ha abierto un portal en línea para que cualquier persona u organización pueda presentar pruebas que podrían ser relevantes para la investigación en curso sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Convocatoria para el mundo libre
En medio de este tenso panorama, la líder opositora María Corina Machado ha convocado a una «gran protesta mundial» para el 17 de agosto. El objetivo es denunciar el fraude electoral y exigir que se respeten los votos que dieron la victoria a Edmundo González. La protesta se perfila como una nueva prueba de fuerza en un país donde la tensión política no parece dar tregua.
Más allá de todas las acciones globales y las iniciativas de la oposición, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. El régimen se niega a ceder y ejerce una represión sin precedentes. Todo indica que la situación seguirá siendo un punto focal en la política internacional.
