El gobierno nacional, a través del Decreto 696/2024, formalizó la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI). Esta decisión se anunció en febrero de este año, durante los primeros meses de gestión de Javier Milei. La publicación en el Boletín Oficial lleva, además de la firma del presidente, la del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Se acabó la “policía del pensamiento”
El INADI se creó en 1995 por medio de la Ley 24.515. Su funcionamiento comenzó en 1997. Desde su creación, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. Especialmente por parte del presidente Milei, quien lo calificó como “un antro de ñoquis y corruptos” y lo describió como la “policía del pensamiento kirchnerista”. Según Milei, el INADI se utilizaba para perseguir ideológicamente a quienes pensaban distinto.
“Me genera tristeza por el INADI y por cómo están destruyendo al Estado. Tenemos mucho para reflexionar. Uno puede estar de acuerdo o no con cierta gestión, puede decir ‘esto hay que cambiarlo’ pero no puede decir ‘este lugar no sirve y hay que destruirlo’…Es la construcción de una sociedad violenta y, lo digo con mucho dolor, donde el odio sea moneda corriente y nos acostumbremos”, criticó Victoria Donda
¿Qué dispone la normativa?
El decreto establece en su artículo 1°: “Disuélvese el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia”. Además, ordena la transferencia de todos los recursos materiales y financieros al Ministerio de Justicia.
A partir de este momento, el ministro Cúneo Libarona se encargará elaborar y ejecutar las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. Esta decisión se fundamenta en la prórroga sucesiva de la intervención del organismo durante 12 años. Según el gobierno, esto demuestra un estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones.
En el decreto, el gobierno argumenta que se descubrieron graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos. Así como un sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional. También, se mencionan retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos. Sumado a una ineficacia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia.
El documento oficial señala que el INADI no cuenta con registros fidedignos de sus actividades ni de los pagos de haberes efectuados antes de diciembre de 2023. Tampoco con procedimientos para garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos. El gobierno explicó cuáles fueron los motivos suficientes para disolver el organismo:
«El fracaso del instituto de la intervención para lograr la normalización del funcionamiento del referido ente, los graves inconvenientes detectados que dan cuenta no solamente de irregularidades en la gestión de los recursos sino en el incumplimiento de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como razones de índole operativa de la Administración Pública Nacional, y la ineficiencia e ineficacia del INADI»
