La recién inaugurada Guardia Urbana de Córdoba Capital no ha tenido un comienzo auspicioso. Este lunes, apenas iniciadas sus operaciones, ya se encuentra en el centro de un escándalo del gobierno municipal. Los concejales de la oposición, tanto del radicalismo como del PRO, levantaron la voz contra la poca precisión en las medidas sobre la nueva fuerza de seguridad. Es una adquisición que carece de transparencia y justificación.
La polémica medida de seguridad urbana
El intendente Daniel Passerini hoy anunció su última decisión en materia de seguridad ciudadana. Puso en marcha la “Guardia Urbana Municipal”, que patrullarán las calles de la Docta con el objetivo de combatir la inseguridad y mejorar la convivencia. Incluye 70 móviles y 400 agentes civiles que complementarán el trabajo de la Policía de Córdoba. El funcionario presentó la medida como la respuesta del municipio ante los problemas de inseguridad que atraviesa la ciudad.
En relación a esto, Passerini realizó una compra directa de uniformes para la Guardia Urbana por un monto de $100 millones, adjudicados a Yche S.A.S. Es una empresa con apenas nueve meses de antigüedad y cuyos negocios no son del todo claros. Está representada por Sebastián Alejandro Aguilera y Fernando Alejandro Vich y domiciliada en La Calera. La industria parece estar en una situación irregular frente a Rentas, con un capital social declarado de solo $180 mil.
La reacción de la oposición
En representación del PRO, Soher El Sukaria hace referencia a la cantidad de casos de agresividad y violencia que se viven en la ciudad, lo cual es propio de que “las mafias que están asentadas en Rosario ya tienen lugar en Córdoba”. Por lo tanto, la concejal piensa que la decisión de implementar la Guardia Urbana “llega tarde y no alcanza”. Indica que una verdadera solución al problema sería fomentar las capacitaciones a la fuerza policial local y gestionar el apoyo de Gendarmería Nacional.
Soher El Sukaria mencionó a La Interna que el Concejo Deliberante de la ciudad se encuentra paralizado. El motivo radica en el hecho de que el Poder Ejecutivo Municipal no brindó la información necesaria sobre las medidas implementadas. Los diferentes bloques se enteraron de la creación de la Guardia Urbana por otras fuentes. Además, desconocen las especificaciones sobre su funcionamiento y su financiamiento. La concejal del PRO confirma su preocupación sobre las decisiones unilaterales del intendente Passerini:
“En el HCD estamos sordos, ciegos y mudos porque no mandó nunca la ordenanza, no sabemos cómo se le va a pagar al nuevo personal, ni cómo se va a capacitar. Ayer nos enteramos que no van a poder usar armas letales y es lógico porque son vecinos. Hay una nebulosa sobre el cómo, cuándo y dónde. Lamentamos que mientras menos información hay, más oscuro se pone todo, en un momento donde todos deberíamos unir fuerzas para erradicar el delito y la violencia”
La presidente del bloque radical en el Concejo Deliberante de la ciudad, Elisa Caffarati, señala que esta acción es un claro indicio de prácticas irregulares, similares a las que eran comunes en la gestión anterior de Martin Llaryora. La dirigente radical acusa al gobierno municipal de improvisar y duplicar esfuerzos innecesariamente, lo que a su juicio solo resultará en una puesta en escena que no aborda los verdaderos problemas de seguridad que enfrenta Córdoba.
El concejal Martín Juez se suma al cuestionamiento sobre las decisiones del intendente de Córdoba Daniel Passerini. Compartió en sus redes sociales un video de su visita a la supuesta empresa textil encargada de los uniformes de la Guardia Urbana. Se encontró con un edificio corriente que, al parecer, declara realizar una gran variedad de actividades de diferentes rubros.
Un ensayo costoso y poco prometedor
La oposición de la ciudad argumenta que la Guardia Municipal no será más que otro intento fallido en materia de políticas de seguridad. Un experimento que, además de ser extremadamente costoso para el municipio, no resolverá los problemas de violencia y narcotráfico que afligen a los ciudadanos de Córdoba.
El escándalo del cual es protagonista el gobierno municipal pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y eficacia en las políticas de seguridad pública. Desde hace un tiempo, una de las principales problemáticas de la provincia y la capital es la inseguridad, lo cual requiere una actuación responsable y prudente por parte de las autoridades.
