El fiscal Carlos Stornelli ha imputado al dirigente social Juan Grabois. También a la militante Ramona Fernanda Miño, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y Jorge Miguel Tanus, ex presidente del BICE Fideicomisos durante la gestión de Alberto Fernández. La acusación se enmarca en una denuncia derivada de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei. La investigación señaló irregularidades en el manejo de Grabois de los fondos millonarios destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) entre 2020 y 2023.
Administración fraudulenta
Según el dictamen presentado por Stornelli ante la jueza María Servini, la investigación se centra en presuntas prácticas de administración fraudulenta. Se suma la malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por parte de los imputados en relación con el FISU. La gestión de estos fondos, durante la gestión de Alberto Fernández, habría estado a cargo de la Unidad Administrativa del Estado (BIFISA), liderada por Fernández Sagasti, y de la Secretaría de Integración Socio Urbana, dirigida por Miño, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Grabois.
El dinero para barrios populares
La denuncia, derivada de la auditoría gubernamental, señala que de las más de 6.500 obras asignadas para urbanizar barrios populares, apenas se habrían concretado 400. Se estima que se destinaron hasta USD 1.000.000.000 en los últimos tres años, en fondos que habrían sido desviados para beneficio personal o campañas políticas. Se mencionan casos de sobrefacturación y gastos no rendidos, así como un aumento drástico en el personal asignado al FISU, la mayoría afiliados al MTE.
Rendición de cuentas
En respuesta a la imputación, Stornelli ha solicitado una serie de medidas de prueba. Incluyendo informes detallados sobre el funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda durante el período investigado, así como el detalle de los nombramientos de los funcionarios relacionados con los imputados. También, se busca reconstruir el proceso de creación del área de Integración Socio Urbana, sus objetivos y regulaciones financieras.
Además, el fiscal reclama información sobre la rendición y auditoría de los fondos utilizados por el FISU, así como la posible intervención de organizaciones sociales en su manejo. Se ha solicitado documentación a diversas entidades, incluyendo la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. En particular, se busca esclarecer el papel del MTE en el manejo de estos fondos, incluyendo el financiamiento del movimiento. Las diligencias también buscan incorporar declaraciones públicas de Grabois relacionadas con el caso.
