El gobierno nacional denunció un esquema de corrupción y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría alcanzar un total de 3.400 millones de dólares. Según las nuevas autoridades del área, el desvío representa un 40% del monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. El director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, presentó la denuncia penal y el fiscal federal Guillermo Marijuan la está investigando.
Un descubrimiento escandaloso
La auditoría inicial realizada por los funcionarios de LLA reveló que solo el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos. La documentación que sustenta la denuncia incluye casos absurdos, como la presentación de una radiografía de un perro como prueba de incapacidad laboral. Entre las irregularidades, se encontraron radiografías bajadas de Google y certificados médicos que citan poemas en lugar de diagnósticos médicos.
De los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% cumple con los requisitos establecidos. Las pensiones “truchas” ya fueron dadas de baja. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, expresaron los funcionarios, agregando que han recibido denuncias de personas que figuran como titulares de pensiones sin haberlas gestionado.
La denuncia penal presentada por Spagnuolo aporta pruebas de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad. Incluyendo individuos con bienes como aviones, embarcaciones, múltiples autos y hasta 59 inmuebles. Según las nuevas autoridades de la ANDIS, alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentan incompatibilidades, siendo el 5% por poseer bienes y trabajo, y el 30% restante por condiciones médicas incompatibles.
Medios públicos y fines políticos
Las autoridades de la ANDIS aseguran que entre el 30% y el 50% de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas serán dadas de baja tras una exhaustiva auditoría. Señalan que durante las gestiones anteriores, las pensiones se utilizaron como moneda de cambio para favores políticos. Se las otorgaba a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad. “El sistema de pensiones por invalidez laboral era poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, recalcaron.
Además de las pensiones mal otorgadas, Spagnuolo encontró otras irregularidades, como la contratación de artistas y gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos”. Se detectaron pagos de $900.000 para la instalación de un gazebo y 20 remeras para una marcha LGBT+ el año pasado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS, que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000. El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la cifra se mantuvo constante, pero durante la presidencia de Alberto Fernández, ascendió nuevamente hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023. El fiscal Marijuán afirma que el incremento fue resultado de la flexibilización de los criterios para el otorgamiento de pensiones, utilizándolas para favores políticos.
La investigación también reveló el uso indebido del Programa Nacional Incluir Salud, creado para brindar cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad. Los involucrados en la presunta estafa facturaban servicios a instituciones médicas que no se brindaban, generando un desvío adicional de fondos. “Este mecanismo perverso ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad”, concluyeron desde la ANDIS, advirtiendo que ya saben quiénes estaban involucrados.
