Gran parte de las sociedades del Estado pasarán a ser propiedad de inversores privados tras las medidas económicas planteadas por Javier Milei. Algunas de estas empresas públicas no requieren aportes del Tesoro ya que pueden financiarse con recursos propios, sin embargo, existe un número elevado que depende exclusivamente del Estado.
Las 35 empresas públicas argentinas
Estas empresas cuentan con 111.000 empleados, los cuales representan el 40% de la planta permanente de la Administración Pública Nacional. Se trata de un aspecto sensible que deberán abarcar las futuras privatizaciones. Estas compañías representan una parte importante del gasto público, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública:
“Algunas empresas registran resultados positivos, fundamentalmente YPF, acompañada muy lejos por Nucleoeléctrica Argentina y otras empresas pequeñas”
En cuanto a la autonomía financiera, solo algunas de las 35 compañías pueden autoabastecerse. Las que utilizan recursos propios en un 100% son: Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Le siguen Administración General de Puertos (99,8%), Nucleoeléctrica Argentina (97,8%) y Tandanor (96,1%).
Más abajo en el nivel de autoabastecimiento se encuentran Télam (65,1%), Intercargo (64,8%), Arsat (60,3%), Aerolíneas Argentinas (53,3%), el ferrocarril Belgrano Cargas (52,7%), Ieasa (ex Enarsa, 40%) y AYSA (19,2%). En el último lugar, se encuentran Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (10,6%) y las sociedades relacionadas con el ferrocarril: Operadora Ferroviaria Sofse (7,4%), Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (5,4%), Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (5,2%) y Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, 2,4%).
La brecha de autoabastecimiento
El Tesoro financió, en 2022, una cantidad de 853.837 millones de pesos en subsidio y obras para las empresas públicas, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. En promedio, la totalidad de las compañías se abastecen en un 74,4% con recursos propios. Sin embargo, si se excluye de este cálculo a YPF, que es la más rentable, la cifra cae a un 42,2%.
Los datos de 2021 de la Oficina de Presupuesto del Congreso demuestran que los ferrocarriles constituyen las compañías estatales más deficitarias de Argentina. Las sociedades relacionadas con los trenes operan con recursos propios solo en un rango entre el 2,4% y el 7,4%.
La ineficiencia de los ferrocarriles
“El sistema ferroviario del país, que llegó a ser el mejor de América Latina, se desmoronó con su economía a lo largo de las décadas”
Se realizó un estudio comparativo entre el funcionamiento del sistema ferroviario argentino y una empresa estatal de trenes de Estados Unidos. Se hizo énfasis, principalmente, en la localidad de Patricios, que terminó por convertirse en un “pueblo fantasma”. Los resultados denotan la decadencia de la economía a la que nuestro país se vio expuesto los últimos años.
“El poblado argentino de Patricios parece la versión ferroviaria del Titanic”
Uno de los datos más reveladores plantea que Trenes Argentinos cubre apenas el 15% del tendido ferroviario de Amtrak, que es una red interurbana de transporte de pasajeros de Estados Unidos. A pesar de ello, la compañía argentina cuenta con un número mayor de empleados estatales que la empresa norteamericana e incluso más que la red ferroviaria española de alta velocidad, Renfe.
Un futuro de privatizaciones
El Presidente de la Nación, a los 9 días de asumir al gobierno, anunció por cadena nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para la reconstrucción económica del país. Entre las leyes que busca derogar se encuentra la normativa que impide la privatización de empresas públicas y el régimen de sociedades del Estado.
La Ley Nº 20.705, promulgada en el año 1974, plantea que “son sociedades del Estado aquellas que, con exclusión de toda participación de capitales privados, constituyan el Estado Nacional, los Estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la presente ley, para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos”.
En relación a ello, el presidente informó que las empresas del Estado se convertirían en sociedades anónimas, para luego, pasar a manos privadas. Para este segundo paso, debían analizarse las normativas que impiden la privatización de las compañías públicas.
Por su parte, la Ley N° 23.696 aprobada en 1989 establece que “Para proceder a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, (…) es requisito previo que hayan sido declaradas ‘sujeta a privatización’ de acuerdo a las previsiones de esta ley.”
Existe también una normativa sancionada en 2012 relacionada específicamente con YPF. Se declara “de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos. Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A”. Además, uno de los artículos de esta norma prohíbe la transferencia de las acciones de YPF sin autorización del Congreso, con el voto de dos terceras partes de sus miembros.
Un desafío para el gobierno nacional
Afrontar las privatizaciones que Milei propone para las empresas estatales implicará un costo político, pero una liberación económica. Muchos inversores privados se mantendrán atentos a los movimientos del presidente y quedará en sus manos la solución de los problemas que puedan aquejar a las compañías. Un reto será la decisión que se tome sobre la cantidad de empleados. También, poner en condiciones la infraestructura y garantizar la calidad en el funcionamiento de cada servicio.
