El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ha tomado una decisión contundente en relación al polémico negocio del acarreo de grúas de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires y la reacción sindical apuntó a no recolectar la basura. En medio de una protesta extorsiva llevada a cabo por el sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, Macri ratificó la suspensión de la preadjudicación de este millonario contrato.
La preadjudicación había sido otorgada a las empresas UTE Ashira-Ecoba, Transporte 9 de Julio y UTE SAEM-Tránsito Rosario. Fue revocada debido a su alto costo para las arcas públicas. Según Macri, este contrato implicaba una erogación de 360 millones de dólares y obligaba al gobierno a pagar el costo de operación incluso si no se realizaban acarreos. La nueva decisión permitirá que la Ciudad continúe prestando el servicio a un costo significativamente menor.
La protesta actual, que dejó la ciudad inundada de basura, ha generado fuertes críticas por parte de Jorge Macri hacia el sindicato. El jefe de gobierno afirmó que la preadjudicación era “escandalosamente” costosa y que la Ciudad no podía sostener ese contrato. A pesar de las tensiones, Macri aseguró que se garantizará la estabilidad laboral para los 350 camioneros afectados.
La relación entre el gobierno y el sindicato
En julio de 2022, el gobierno había decidido poner fin al sistema de acarreo que estaba vigente desde los años 90 y convocó a una licitación. Sin embargo, la situación económica actual llevó a la revisión de los costos y recursos. Desde entonces, la Ciudad asumió la responsabilidad del sistema de grúas y acarreo, absorbiendo a todos los empleados y manteniendo su encuadramiento en el gremio de Camioneros.
Cabe recordar que en 2022, durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, se estatizó el sistema de acarreo. En esta ocasión, 500 trabajadores vinculados a los Moyano en las empresas Dakota y BRD recibieron indemnizaciones millonarias. Ahora, con la revisión en curso, tres empresas compiten por un contrato de 57 mil millones de pesos por 10 años. La sospecha de vínculos entre una de las compañías, Ashira-Ecoba SA, y el Sindicato de Camioneros añade más controversia a este complejo asunto.
