La violencia de género es un tema central en la política argentina. El caso de Lourdes Astudillo contra el ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Martín Gill, resurge con fuerza. La denuncia de Astudillo describe un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario de Martín Llaryora. El caso se ha reactivado en la opinión pública a raíz de la imputación por lesiones y amenazas del ex presidente Alberto Fernández hacia Fabiola Yáñez.
El pasado 19 de marzo, Lourdes Astudillo denunció a Martín Gill por agresiones físicas y psicológicas. Tras la presentación en la Unidad Judicial de Violencia de Género, la fiscal de Instrucción Juliana Companys imputó a Martín Gill por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género.
El testimonio contra el funcionario
En una entrevista con Perfil Córdoba, Astudillo rompió el silencio y relató los dolorosos episodios que vivió durante su relación con Gill. La mujer, madre de dos hijos, contó que lo que comenzó como un noviazgo, pronto se transformó en una relación tormentosa. Según su relato, en junio de 2022, quedó embarazada, lo que marcó un punto de inflexión en la relación. Gill, afectado por la idea del embarazo, presionó a Astudillo para que abortara. Esto finalmente ocurrió durante un viaje a Traslasierra, en circunstancias que ella describe como profundamente traumáticas.
A lo largo de la relación, Astudillo asegura haber sufrido no solo violencia física, sino también un constante control y manipulación por parte de Gill. Relató episodios en los que él la agredió físicamente. En octubre del año pasado, tras descubrir una infidelidad, Martín Gill la ahorcó durante una discusión. «Me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Sentí que me faltaba aire», recordó Astudillo. Además, describió un cuadro de acoso emocional y psicológico. El funcionario influía en sus decisiones médicas y la aislaba de su entorno, manteniendo un control absoluto sobre su vida.
La situación alcanzó su punto crítico a finales de 2022, cuando Astudillo, temiendo por su seguridad, decidió mentirle a Gill sobre un supuesto embarazo. La respuesta del intendente fue violenta. Intensificó una persecución que incluía obtener sus informes médicos sin su autorización y manipular a su entorno para controlar sus movimientos. Finalmente, una discusión terminó en agresión física, lo que llevó a Astudillo a documentar las lesiones y a presentar la denuncia que ha desencadenado el proceso judicial actual.
Por su parte, el abogado de Gill, Eduardo Luis Rodríguez, defendió la inocencia de su cliente, calificando la denuncia como «falaz y temeraria». En una declaración a Perfil Córdoba, Rodríguez sostuvo que la acusación carece de fundamento y se basa en hechos inventados. Afirma que la investigación judicial demostrará la inocencia de Gill.
Similitud entre los casos de violencia
Astudillo relató en una entrevista televisiva que la situación de Yáñez la hizo revivir su propio calvario. «Me sentí muy identificada con Fabiola», afirmó, recordando los episodios de violencia que vivió en 2022, cuando Gill aún era intendente de Villa María. El relato de Astudillo expone situaciones de violencia psicológica y manipulación emocional. Estos eran incluso más difíciles de sobrellevar que los episodios de agresión física. «Me tiraba la culpa, es muy fuerte y difícil salir», confesó. Estos patrones de conducta, combinados con los «zamarreos y forcejeos», conforman un cuadro que, según la denunciante, la mantuvo atrapada en una relación abusiva.
La decisión de Astudillo de denunciar a Gill llegó tras un violento altercado en su departamento, donde afirma que fue arrastrada por las escaleras del edificio por el funcionario. “Cuando llegaron sus personas de seguridad, me asusté mucho y decidí hacer la denuncia”, relató. Desde entonces, la causa ha avanzado hasta estar en la etapa de elevación a juicio, a la espera de la resolución de una jueza de control.
El silencio del gobierno provincial
El impacto del caso no se limita a lo personal. Desde la oposición política en Córdoba, han surgido duras críticas al gobierno provincial por mantener a Martín Gill en su cargo a pesar de las graves acusaciones en su contra. La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR), Alejandra Ferrero, calificó de “vergonzoso” el hecho de que un funcionario procesado por violencia de género siga en funciones. Ferrero también criticó la designación de Eduardo Luis Rodríguez, abogado de Gill en la causa, como director de Legales del ministerio. Lo describió como un acto de «complicidad y encubrimiento».
Este caso no solo reaviva el debate sobre la violencia de género en el ámbito privado, sino también sobre cómo el poder político maneja estas situaciones. Las denuncias de Astudillo, junto con la reciente imputación a Alberto Fernández, plantean serios cuestionamientos sobre la protección y la justicia para las víctimas en contextos donde los denunciados son figuras públicas.
