Esta semana, el gobierno de la Provincia de Córdoba se vio involucrado en diferentes polémicas resaltadas por representantes de la oposición. Primero, se le cuestiona a Martín Llaryora que las medidas implementadas para hacer frente a la crisis sanitaria de dengue resultaron poco eficientes. Además, se comparan los recursos económicos asignados a Salud con los montos millonarios destinados a propaganda de gobierno.
Por otro lado, mientras el oficialismo cordobés festeja el aniversario de los 40 años del programa PAICor, se presentan índices cada vez más altos de niños que requieren asistencia alimentaria. Lo cual fomentó la crítica opositora. Por último, representantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia denuncian irregularidades y se intercambian culpas con el Ejecutivo sobre las demoras en el pago a los proveedores.
Prioridades en la asignación de recursos
El diputado nacional de la UCR, Rodrigo de Loredo, ha expresado su descontento hacia Martín Llaryora. Se cuestiona lo que el gobernador considera prioridades de gastos durante la campaña electoral. Estas críticas se suman a las de la concejala de la UCR, Elisa Caffaratti, quien previamente detalló los montos asignados por el entonces intendente de la capital para promocionar su gestión durante un año electoral.
De Loredo no escatimó en palabras al referirse a las prioridades de gasto del gobierno provincial, calificando a Llaryora como un “cerebro de mosquito”. Caffaratti, por su parte, había ironizado sobre los $320 millones que Llaryora destinó a la publicidad en redes sociales de la Municipalidad para promocionar su imagen. Lo cual contrasta visiblemente con los $2,6 millones invertidos en la campaña contra el dengue.
Este desequilibrio en el gasto adquiere relevancia en un contexto en el que el dengue se ha convertido en una enfermedad endémica, según el propio Ministerio de Salud. La respuesta institucional provincial y municipal ante la situación del dengue ha sido objeto de críticas. Según Caffaratti, los anuncios y medidas llegaron tarde y resultaron insuficientes para evitar el colapso sanitario. Además, lamentó la falta de trabajo preventivo por parte de las autoridades.
40 años de asistencia alimentaria insuficiente
El sábado, el gobernador Martín Llaryora encabezó el acto conmemorativo de los 40 años del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor), creado en 1984. El PAICor tiene como propósito esencial “favorecer y promover la inclusión social, el crecimiento y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través de prestaciones alimentarias y hábitos saludables”. También establece el objetivo de acompañar y apoyar las trayectorias educativas.
“Este es el programa social más importante que tiene la provincia de Córdoba, llega a cada rincón de la provincia y tiende la mano solidaria del Estado a cada niño que necesita un plato de comida para poder desarrollar su proceso educativo”, declaró el Secretario de la Gobernación
Durante el evento, Llaryora anunció un aumento presupuestario para las trabajadoras del PAICOR de hasta un 132%. También comunicó que se realizarán más inversiones para fortalecer el programa, fundamentándolo en la crisis económica y social que atraviesa el país. El programa actualmente beneficia a más de 3.300 establecimientos educativos en la provincia. Sin embargo, el crecimiento del número de niños que requieren asistencia alimentaria no es motivo de festejo.
Irregularidades en el Tribunal de Cuentas
En el Tribunal de Cuentas, el juecista Beltrán Corvalán acusó al gobierno de Llaryora de faltar a la verdad sobre la demora en el pago de proveedores. Según Corvalán, no es cierto que el Tribunal de Cuentas esté generando la máxima demora posible en los procesos de compras o licitaciones, lo que supuestamente estaría afectando proyectos en numerosas áreas.
El comunicado también menciona que la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas ha sido impugnada judicialmente. Se espera una resolución favorable sobre su inconstitucionalidad. Además, se sostiene que la conducta del ministro de Economía de la provincia podría configurar el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En caso de corroborarse, será denunciado a la Justicia.
Las especulaciones generan problemas para intendentes, jefes comunales y empresas de servicios que no reciben los pagos gestionados. Corvalán afirma que el gobierno de Llaryora intenta evitar que se controle la legalidad de los gastos gubernamentales y que estos se aprueben sin un análisis adecuado. Hasta ahora, la Provincia no ha emitido una respuesta oficial.
