Los idas y vueltas sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 han generado preocupación en el ámbito de la salud. Aunque la decisión aún está pendiente, su posible derogación podría interrumpir el proceso de desregulación y recomposición establecido por esta norma. El director general de OSDE, Luis Fontana, ha expresado sus inquietudes sobre la viabilidad del sistema en caso de que se derogue esta disposición de la Ley Bases (DNU).
Los riesgos de derogar el proyecto
Fontana advierte que la caída del DNU podría afectar el lento y progresivo trabajo de recuperación de honorarios médicos, valores sanatoriales y servicios para los socios. Si no se continúa en esta dirección, el sostenimiento y la sustentabilidad del sistema estarían en riesgo. Además, muchos profesionales podrían verse obligados a cerrar sus consultorios, y algunas entidades no podrían pagar los sueldos de su personal.
“Nuestra preocupación por una eventual caída del DNU se base en que se interrumpiría el lento y progresivo trabajo de recuperar honorarios médicos, los valores sanatoriales y el servicios para sus socios”, expresó Fontana
Libertad de elección y competencia
El director de OSDE recuerda que, durante el año 2023, el valor acumulado de las cuotas de las obras sociales se ubicó por debajo de la inflación general y de los aumentos en medicamentos e insumos necesarios para la práctica médica. El gobierno nacional, a través de los decretos 170/2024, 171/2024 y 172/2024, reglamentó el DNU 70/23. El objetivo es otorgar libertad de elección a los beneficiarios y fomentar la competencia entre obras sociales y prepagas.
Los beneficiarios podrán elegir libremente la obra social o prepaga que consideren más conveniente para su cobertura de salud. Además, ya no estarán obligados a permanecer un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo. El gobierno busca que los recursos que actualmente reciben las obras sociales sindicales, que actúan como intermediarias, pasen a pertenecer directamente a los aportantes. Además, añade Fontana, se busca que estas entidades sindicales compitan con las prepagas.
Cambios en el sistema de atención
Estos cambios afectan a 14 millones de trabajadores y a más de 5 millones de personas que pertenecen al sistema general de salud, explica el director de OSDE. La Superintendencia de Servicios de Salud ya no establecerá los precios de las cuotas de las compañías de medicina prepaga. Sin embargo, la reglamentación les exige aportar el 20% del total de la cuota al Fondo Solidario de Redistribución.
Además, recuerda Fontana, no se establecerán tarifas mínimas obligatorias para los servicios ofrecidos por instituciones sanitarias públicas y privadas, y no habrá intervención en los acuerdos contractuales entre las prepagas y sus proveedores de servicios.
Opiniones divergentes entre colegas
Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), comparte el espíritu desregulador de la norma en cuanto a la libre elección. Sin embargo, considera que el Fondo Solidario mencionado representa un obstáculo para la actividad. Aunque la desregulación es positiva, el nuevo impuesto creado podría hacer inviables a las prepagas.
“Adhiero completamente a la idea del gobierno de que la gente pueda elegir la derivación de sus aportes. El mercado está desregulado desde Menem, pero con las obras sociales en el medio, que nos contratan. Esa intermediación es la que quiere eliminar Milei, algo que coincide con las ideas de la libertad. Ahora, de ahí a lo que salió escrito, la situación es absolutamente diferente. La desregulación de Milei es buena, la idea general, pero crearon un nuevo impuesto que hace directamente inviables a las prepagas”, explicó Belocopitt
