Uno de los aspectos más relevantes de las modificaciones en la Ley de Bases se centró en la lista de empresas a privatizar. El Gobierno decidió excluir a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino, limitando así las privatizaciones a Enarsa e Intercargo. Además, se mantuvieron las concesiones de Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse). Se incorporó una prohibición para disolver organismos vinculados a la cultura y se excluyó a la Comisión Nacional de Energía Atómica de la posibilidad de intervención, buscando proteger áreas sensibles del Estado.
Eliminación del Capítulo Previsional
Otro punto clave fue la eliminación del capítulo que derogaba la moratoria previsional. Con esto, se mantiene la ley que establece un plan de pagos para aquellos trabajadores que no lograron reunir los 30 años de aportes necesarios. Los artículos 226 y 227 del dictamen, que proponían un sistema de jubilación proporcional, fueron eliminados, según confirmó el senador Bartolomé Abdala.
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Obras Públicas y Apoyo Regional
Para asegurar el respaldo de senadores dependientes de los gobernadores, el Gobierno reanudó obras públicas con financiamiento internacional. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, firmó convenios con varios gobernadores para el traspaso de obras públicas, incluyendo proyectos en Córdoba, la administración de represas en Entre Ríos y la Patagonia, una planta de Gas Natural Licuado y una rotonda en Choele Choel, Río Negro. Estas medidas fueron claves para asegurar los votos necesarios en el Senado.
Desregulación del Estado
La ley también limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos, incorporando 15 entes e institutos que no podrán disolverse. Entre ellos se incluyen el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además, se garantizó el financiamiento de los organismos incluidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
Modernización Laboral
Un sector de la UCR intentó limitar el poder de los sindicatos mediante la eliminación de una cláusula que permitía cobrar cuotas solidarias solo con el consentimiento previo de los empleados no afiliados a los gremios. Sin embargo, esta cláusula fue finalmente eliminada del dictamen firmado, permitiendo que se sigan cobrando cuotas de todas maneras.
Se incluyó la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos como una grave injuria laboral y objetiva causal de extinción del contrato de trabajo. Esta disposición busca fortalecer la disciplina laboral y evitar conflictos en los lugares de trabajo.
Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)
El artículo 163 del RIGI fue reformulado para declarar “nulo de nulidad absoluta” cualquier norma provincial que se oponga al régimen, aplicándose solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir. Además, se incluyeron incisos para fomentar el desarrollo de cadenas de producción locales y se limitó la capacidad de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada para inscribirse en el RIGI. Las compañías que adhieran al régimen deberán emplear porcentajes determinados de personas locales y contratar servicios de proveedores locales, eliminando la posibilidad de girar dividendos y utilidades al exterior luego de tres años.
Declaración de Emergencia Pública
El primer artículo de la Ley de Bases declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, facultando al Ejecutivo con poderes especiales en estas áreas. En Diputados, se recortó el alcance de esta declaración, reduciéndola de 11 emergencias a solo cuatro.
La aprobación de la Ley de Bases en el Senado representa una victoria para el oficialismo, aunque con múltiples concesiones que diluyen el proyecto original. Las modificaciones y acuerdos alcanzados reflejan el complejo equilibrio político necesario para avanzar en la implementación de esta ley. Ahora, las iniciativas volverán a la Cámara de Diputados para su consideración final.
