El presidente Javier Milei ha generado controversia con un nuevo DNU que afecta las relaciones con el gobernador Martín Llaryora y algunos diputados. En medio de las negociaciones por la sanción de la Ley de Bases acotada, con la mira puesta en el Pacto de Mayo, el escenario es incierto ante un nuevo ajuste oficializado por el poder libertario. A través del DNU 280/2024, el gobierno central ha decidido eliminar los giros que la ANSES realizaba a las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación, en un contexto de dificultades financieras en los sistemas previsionales.
Desde la asunción del gobierno libertario, estas transferencias no se han realizado, a pesar de los reclamos de los gobernadores. Sin embargo, el conflicto ha escalado debido al DNU de Milei. El proyecto elimina artículos del Presupuesto 2023 (prorrogado para este año) que comprometían a la ANSES a efectuar giros mensuales a las cajas provinciales.
Las diferencias con el gobierno provincial
Esta medida ha abierto un frente de conflicto con el gobernador Llaryora y otros mandatarios. Las críticas no se han hecho esperar. Tanto espadas cordobesas del gobierno peronista, como diputados de la bancada Hacemos Coalición Federal han expresado su rechazo y cuestionado duramente el DNU de Milei.
El oficialismo libertario argumenta que Llaryora debe enfrentar la crisis con los recursos que recauda. Exige que el estado provincial se achique, siguiendo la línea del plan “motosierra” implementado por Milei.
En medio de la creciente tensión, la bancada de los coalicionistas federales ha expresado su “absoluto rechazo” al DNU de Milei, calificándolo de “ilegal”. El diputado Gutiérrez, representante schiarettista, advirtió sobre otro “faltazo” del Ejecutivo al no enviar el Presupuesto 2024. La situación es incierta y genera preocupación.
El decreto publicado en el Boletín Oficial confirma la decisión del gobierno libertario de no transferir fondos a la provincia, argumentando el “déficit cero” defendido por Milei. Esto implica cerrar los grifos al distrito, lo que Gutiérrez calificó como “incumplimiento liso y llano de la ley”.
La tensión entre el gobierno de la provincia de Córdoba y la Nación persiste. Surgen inquietudes sobre la necesidad de un nuevo régimen de coparticipación. El escenario político sigue siendo incierto, y las consecuencias de esta última medida podrían ser significativas.
