El presidente Javier Milei confirmó que ya envió al Congreso su proyecto de reforma laboral, una de las promesas más insistentes de su gestión.
La medida fue ratificada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, durante el Coloquio de IDEA. Desde Washington, el funcionario aseguró que el sistema actual “es viejo, rígido y castiga a quienes quieren dar trabajo”.
Según el Gobierno, la reforma busca bajar los costos laborales, reducir juicios contra las empresas y facilitar nuevas contrataciones.
Qué cambia con la nueva reforma laboral
Aunque todavía no se publicó el texto final, el proyecto que Caputo adelantó incluye cinco ejes principales:
- Indemnización más simple
Se reemplazaría la indemnización tradicional por un fondo de cese laboral, similar al de la construcción. Cada empresa aportaría un porcentaje mensual, y el trabajador cobraría de ese fondo si es despedido.
Esto implica que el costo del despido sería más previsible para las empresas, pero menor para el trabajador en muchos casos. - Período de prueba más largo
Pasaría de tres a seis meses, o incluso hasta un año en algunos rubros. Durante ese tiempo, las empresas podrían rescindir el contrato sin pagar indemnización. - Convenios colectivos más flexibles
Se permitiría que los acuerdos entre empresas y trabajadores predominen sobre los convenios nacionales. Esto podría favorecer a pequeñas firmas, pero también debilitar la negociación sindical. - Menos juicios laborales
El proyecto plantea limitar las multas y acotar las causas que pueden llegar a tribunales.
El objetivo, según el Ejecutivo, es terminar con “la industria del juicio”, que —afirman— encarece el empleo formal. - Incorporación al sistema formal
Se prevén incentivos fiscales para que las empresas registren empleados en blanco, con reducción de aportes y contribuciones durante un período inicial.
Cómo impacta en trabajadores y empresas
- Para los empleadores, se reduce el riesgo económico al despedir o contratar personal.
- Para los trabajadores, el empleo formal podría crecer, pero con menor estabilidad y protección legal.
- Para el Estado, implicaría una baja en la recaudación por cargas sociales al principio, aunque con la expectativa de sumar más empleo registrado.
Lo que genera polémica
Los sindicatos y sectores opositores aseguran que la reforma implica una “flexibilización encubierta”, y que retrocede derechos laborales conquistados hace décadas.
Desde el Gobierno, Milei insiste: “El sistema actual castiga al que da trabajo. Necesitamos un régimen laboral moderno, ágil y previsible”.
El antecedente inmediato fue el DNU 70/2023, que ya había intentado introducir cambios laborales pero fue frenado por la Justicia. Esta vez, el Ejecutivo busca hacerlo por vía legislativa.
Lo que viene
Caputo anticipó que la discusión se abrirá después del 10 de diciembre, con el nuevo Congreso.
El oficialismo necesitará acuerdos con bloques aliados para aprobarla, y se espera una dura pelea política y sindical.
