La ministra de Seguridad realizó una denuncia sobre la existencia de una extensa red de trata y explotación sexual en la provincia de Chaco. Estaban vinculadas a referentes de las organizaciones sociales, que entregaban mujeres a funcionarios del gobierno anterior, encabezado por el peronista Jorge Capitanich. Estos operativos de Seguridad implican “un cambio total y absoluto de estos gerentes de la explotación total y absoluta del ser humano”.
Una provincia contaminada por la impunidad política
Bullrich brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada para contar detalles en el avance de las investigaciones. Estuvo acompañada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Daniel Matkovich y el diputado provincial Iván Gyoker. Citó como ejemplo el caso de Jorge Florencio Bregui, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El líder de la organización social fue detenido hace cinco días, acusado de abuso sexual contra dos mujeres en la localidad de La Leonesa.
«Nos encontramos con una red que explotaba sexualmente a mujeres a cambio de programas sociales, lo que pudo suceder en convivencia con el gobierno nacional y provincia que les conferían la potestad a estos dirigentes de definir quién podía cobrar y quién no. Esta impunidad se terminó» – detalló el legislador chaqueño
A estas declaraciones se suma la información proporcionada por la Oficina del Presidente en X. La red de trata que funcionaba en la provincia de Chaco estaba comandada por dirigentes de organizaciones sociales. Prostituían mujeres a cambio de “otorgar y administrar sus planes sociales”. La forma de operar era la siguiente: “el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno”, se precisó.
Bullrich afirmó que la justicia provincial y federal están actuando en esta investigación. Recordó que el caso de Emerenciano Sena, piquetero cabeza de un clan familiar que terminó asesinando a Cecilia Strzyzowski. “El gobierno anterior dejó hacer. Sus funcionarios recibían dádivas sexuales. Hasta eso se ha llegado”, denunció la ministra de Seguridad. Los que manejaban los planes sociales y la asistencia creían tener “el poder de dominar a la gente”.
El fin de los «gerentes de la pobreza«
El gobernador Leandro Zdero anunció que desde su rol se compromete a luchar contra la matriz corrupta que se instaló por mucho tiempo en la provincia de Chaco. Con respecto a la responsabilidad de Capitanich en la red de trata, el mandatario actual solo planteó que el resultado final lo definirá la justicia.
La ministra de Seguridad mencionó que hubo 80 mil llamados y 5214 denuncias que fueron recibidas en su cartera relacionadas con el manejo de los planes sociales. Se abordan todos los casos en los que los beneficiarios de la asistencia social se ven amenazados y tienen la obligación de asistir a los piquetes. Luego de investigaciones, esta semana se logró desarticular una banda que se dedicaba a realizar extorsiones utilizando los planes sociales.
Por su parte, el ministro de Justicia aseguró que la situación que queda al descubierto luego de denunciar la red de trata en Chaco es “gravísima”. Se trata de un “proceder sistemático, que permanece en el tiempo”. Cúneo Libarona afirmó que el presidente Javier Milei le ordenó a su gabinete combatir “el delito, corrupción, narcotráfico, fraude en planes sociales, el lavado de dinero”.
“Lucharemos, vamos a seguir convenciones internacionales contra quienes los malversan. Habrá apoyo normativo e incremento de las penas. Se probó el mal que producen estos intermediarios de planes” – confirmó el ministro
Durante la conferencia de prensa, el funcionario de Justicia hizo mención del caso del Clan Sena, el cual no había sido una excepción. La ministra Bullrich agregó que esta tarea de investigación podría haber comenzado como causa justa hace 25 años, “pero el malandra determinó que terminara en otra cosa”. La funcionaria de Seguridad recordó una importante decisión del Ministerio de Capital Humano. Se refiere a la medida que apunta a terminar con los intermediarios que «van en contra de la libertad y la autonomía de las personas».
