Juan Pablo Valdés quiere ser gobernador. Y como todo candidato, sabe que hay temas que pegan fuerte: la seguridad es uno de ellos. Por eso, su promesa de campaña fue clara y contundente: incorporar 5.000 policías al sistema de seguridad de Corrientes. La frase genera impacto. Pero también deja preguntas. Muchas.
Corrientes tiene hoy cerca de 9.000 efectivos. Según datos locales, 5.000 trabajan en Capital y 4.000 en el interior. Pero las condiciones no son las ideales: los sueldos son bajos, el equipamiento escaso y la capacitación casi nula. Según denunció el diputado Lisandro Almirón, muchos agentes deben comprarse sus propias balas y costear su equipo. En ese contexto, sumar 5.000 más parece más una jugada electoral que una política sostenible.
Subtítulo: Números que entusiasman, pero no cierran
El cálculo es simple. Un sueldo promedio ronda el millón de pesos. Multiplicado por 5.000 nuevos efectivos, se habla de $5.000 millones de pesos mensuales adicionales para el presupuesto provincial. Sin embargo, en los anuncios no se menciona de dónde saldrá el dinero, ni qué partidas se recortarán, ni cómo se garantizará la calidad del servicio.
Almirón fue tajante: “En lugar de más gasto a lo bruto, hay que mejorar lo que ya tenemos”. Propone una estrategia más realista: formación, recursos, dotación y auditoría. El planteo es lógico: ¿tiene sentido incorporar más personal si el sistema actual está en crisis?
¿Promesa o mensaje de marketing?
No es la primera vez que un candidato lanza una propuesta ruidosa sin detallar el cómo. Pero tratándose de seguridad, el tema no puede tratarse a la ligera. ¿Hay un plan de ejecución? ¿Un acuerdo con Nación? ¿Un programa de financiamiento?
Hasta ahora, Juan Pablo Valdés no respondió públicamente a estas preguntas. Y eso es lo que preocupa. Porque cuando se trata de la seguridad de una provincia, no alcanza con el impacto de una frase. Hace falta gestión, planificación y responsabilidad fiscal. Y, sobre todo, transparencia.
