Flexibilización y nuevos acuerdos laborales
La iniciativa denominada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo introduce una reforma integral en la legislación laboral argentina. Su objetivo principal es fomentar la creación de empleo formal y atraer inversiones privadas mediante un esquema de mayor flexibilidad contractual.
El proyecto permite que empleadores y trabajadores acuerden cambios en elementos esenciales del contrato laboral, con la homologación de la autoridad de aplicación. También amplía las facultades del empleador para modificar formas y modalidades de trabajo sin afectar derechos básicos.
Entre las novedades, se establece un plazo de 30 días corridos para que el trabajador pueda impugnar sanciones disciplinarias; vencido ese plazo, las medidas se consideran consentidas.
Además, se amplía la lista de beneficios no remunerativos, excluyendo del salario gastos como almuerzos, guarderías, capacitaciones, telefonía, internet, cuotas de gimnasios, ropa de trabajo y reintegros médicos.
Cambios en vacaciones, licencias y juicios laborales
El texto también propone una mayor flexibilidad en el otorgamiento de vacaciones. Los empleadores podrán conceder los descansos durante todo el año hasta el 30 de abril siguiente, e incluso fraccionarlos en períodos de al menos una semana.
En cuanto a licencias por enfermedad, se reducen los plazos de pago: tres meses para trabajadores con menos de cinco años de antigüedad y seis meses para los que superen ese período. Con cargas familiares, los plazos se extienden a seis y doce meses respectivamente.
El proyecto crea un registro de médicos peritos para verificar certificados médicos y limita a un año el plazo de conservación del empleo luego del vencimiento de la licencia por enfermedad.
En materia judicial, se fijan límites a los intereses en juicios laborales, topándolos en el equivalente al capital actualizado por IPC más un 3% anual. Las PyMEs podrán pagar sentencias en hasta 12 cuotas y las costas judiciales no podrán superar el 25% del monto del fallo.
Esta reforma laboral también se prohíbe los pactos de cuota litis superiores al 20%, que deberán ser ratificados y homologados judicialmente.
Incentivos fiscales y beneficios empresariales
Para estimular la generación de empleo, la reforma incorpora bonos de crédito fiscal a favor de los empleadores que incrementen su plantilla. Los beneficios se extienden durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley y varían según el tamaño de la empresa:
- Microempresas: 100% de devolución de contribuciones patronales.
- Pequeñas empresas: 75%.
- Medianas: 50%.
- Grandes: 25%.
Los beneficios solo se aplicarán si el empleador demuestra un aumento neto en la nómina y el trabajador contratado no tuvo empleo formal en los últimos tres meses.
Además, los beneficiarios de planes sociales que obtengan trabajo formal podrán conservarlos en suspensión durante un plazo de hasta 13 meses.
El texto incluye un incentivo especial para la contratación de ex empleados públicos, que recibirán una exención total de contribuciones patronales por un año.
Fomento productivo y digitalización
La ley crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que promueve proyectos productivos con beneficios impositivos durante los dos primeros años de aplicación. Los montos mínimos de inversión van desde USD 150.000 para microempresas hasta USD 30 millones para grandes compañías.
También se contemplan medidas para facilitar la digitalización de los procesos laborales. Se permite la emisión electrónica de recibos de sueldo, su conservación digital y la constitución de prendas electrónicas sobre bienes muebles y productivos.
A su vez, se promueve la capacitación laboral en PyMEs, elevando el límite de certificados de crédito fiscal del 8% al 30% de la masa salarial.
El impacto esperado y las críticas sindicales
El Gobierno argumenta que la reforma busca modernizar la legislación laboral, reducir costos empresariales y formalizar empleos. Desde el sector empresario, destacan los beneficios fiscales y la digitalización de los trámites.
Sin embargo, los gremios expresaron preocupación por la reducción de licencias, la ampliación de conceptos no remunerativos y las condiciones de despido, que consideran regresivas para los trabajadores.
Los analistas coinciden en que el impacto de la ley dependerá de su implementación efectiva y de la respuesta del sector privado ante los incentivos a la contratación.
El proyecto será debatido en el Congreso en las próximas semanas y marcará una de las reformas más relevantes en materia laboral desde la década de 1990, abriendo un nuevo capítulo en la relación entre el Estado, los empresarios y los trabajadores argentinos.
