Una nueva medida del Gobierno de la Ciudad encendió las alarmas. Desde hoy, por instrucción directa de Jorge Macri, la Policía porteña tiene la orden de detener a quienes revuelvan contenedores en la vía pública y obligarlos a dejar todo “limpio y ordenado”. Si no lo hacen, podrán ser sancionados con multas o trabajos comunitarios. La resolución fue anunciada este lunes a través de las redes sociales oficiales del jefe de Gobierno.
El Código Contravencional como excusa para perseguir a quienes sobreviven hurgando residuos
La medida se basa en el artículo 94 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que prevé sanciones a quienes “ensucien bienes públicos o privados”. Las penas pueden ir de 81 a 1.217 unidades fijas, es decir, desde $59.260 hasta $890.740, o bien entre 1 y 15 días de trabajos de utilidad pública. Pero esta vez, el foco no está en el vandalismo urbano, sino en quienes subsisten con lo que otros descartan.
Macri justificó la medida argumentando que «no puede ser que quienes revuelven la basura no se hagan cargo del desastre que dejan». Sin embargo, desde sectores sociales y organismos de derechos humanos denuncian que esto implica una criminalización directa de la pobreza y la informalidad. En la práctica, son las personas que buscan cartón, latas o alimentos quienes quedarán bajo vigilancia policial.
“Es una persecución a quienes no tienen otra salida. No hay ninguna política pública de inclusión detrás de esta medida, solo castigo”, dijeron desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Por su parte, las cooperativas de recicladores advirtieron que la Ciudad invierte en contenedores “antirreciclaje” pero no en inclusión laboral: más de 5.000 familias viven del cartoneo y ni siquiera están contempladas en este nuevo protocolo de acción.
Mientras tanto, el presupuesto de la Ciudad para Seguridad supera los $800.000 millones. Pero no se anunciaron recursos para contener, asistir o reinsertar a las personas que serán directamente afectadas por esta política. La nueva norma transforma una práctica desesperada en un acto contravencional, y pone en jaque los límites de la convivencia urbana. La pregunta que queda flotando es: ¿hasta dónde llega el orden… y dónde empieza el castigo?
