La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tomó una decisión sin precedentes al habilitar la feria judicial para abordar durante el receso de enero el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) para dejar sin efecto las reformas al régimen laboral introducidas por el presidente Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70. Este DNU, que busca desregularizar la economía, entró en vigencia el pasado viernes y ha generado un fuerte rechazo por parte de los sindicatos.
La CGT presentó un amparo argumentando la inconstitucionalidad del DNU. También solicitó la habilitación de la feria judicial, un periodo en el cual solo se tramitan cuestiones urgentes. La Cámara del Trabajo aceptó el pedido de la entidad sindical, resaltando la importancia institucional del caso.
Los abogados de la CGT enfatizaron que el DNU ya está en vigencia, subrayando la necesidad de suspender temporalmente un decreto. Argumentan, que posee una fuerte probabilidad de ser declarado inconstitucional y que podría acarrear perjuicios significativos.
Los camaristas María Dora González y Alejandro Sudera, a cargo del caso, consideraron que las particularidades del asunto justifican la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada. Ahora, el tribunal analizará el pedido de suspensión de los efectos del DNU, previa consulta a la Fiscalía General.
El pedido de los sindicalistas
La CGT, que la semana pasada protagonizó una marcha y anunció un paro general de 12 horas para el 24 de enero, busca la inconstitucionalidad de las reformas laborales.
El juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó previamente una medida precautelar para suspender el DNU, argumentando que este aún no estaba en vigencia. Sin embargo, el gobierno nacional presentó el caso ante el fuero contencioso administrativo federal, solicitando su intervención en el amparo de la CGT. Esta acción generó una serie de apelaciones y contraposiciones legales que están siendo revisadas.
El abogado Jorge Rizzo, actual integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, presentó argumentos adicionales a favor de la habilitación de la feria judicial. Señal la gravedad institucional del caso y la necesidad de evitar un estado de inseguridad jurídica. Rizzo insistió en la importancia de una medida cautelar que suspenda los efectos del DNU hasta que se resuelva su inconstitucionalidad.
El caso ahora está bajo la responsabilidad del juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico. Él deberá tomar decisiones clave durante el periodo de feria de enero. Mientras tanto, varias causas iniciadas contra el DNU, incluida la de la CGT, han sido habilitadas durante la feria judicial, evidenciando la complejidad y la magnitud del debate en torno a las reformas laborales impulsadas por el presidente Milei.
