El gobierno de Javier Milei se encuentra en el medio de una investigación por un escándalo de corrupción que apunta directamente a la exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Tras dar de baja 12.425 cooperativas creadas durante la presidencia de Alberto Fernández, el gobierno nacional está preparando una denuncia que revela prácticas irregulares.
Cooperativa “15 de Julio” y facturación irregular
La administración libertaria, a través de una auditoría de los organismos estatales, anunció la suspensión provisoria de las cooperativas creadas durante la gestión anterior. Se descubrió que el 72% de estas cooperativas carecía de balances y asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía correos electrónicos personales. Los indicios de falta de transparencia y fallas en los mecanismos de control son cada vez más evidentes.
Durante la gestión de Tolosa Paz, la cartera de Desarrollo Social contrató a la cooperativa “15 de Julio” sin experiencia previa para producir 165.000 guardapolvos. Sin embargo, esta cooperativa subcontrató a otras dos, que facturaron más de $670.000.000, aunque aseguran haber entregado solo 4.500 guardapolvos. El gobierno sospecha que estas cooperativas, junto con otras 40, se utilizaron para facturar en un entramado de corrupción que involucra a diferentes funcionarios de la gestión anterior.
La AFIP y el Banco Central desempeñarán un papel fundamental para corroborar la posible emisión de facturas truchas impulsada por exfuncionarios. La Justicia deberá determinar si existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas.
Alquiler millonario y modificaciones sospechosas
En 2022, el Estado alquiló cinco pisos y treinta cocheras de un edificio cercano al obelisco, por un costo de $245.471.400. La decisión, avalada por los organismos de control, fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Social para instalar oficinas de la Secretaría de Economía Social (a cargo de Emilio Pérsico) y despachos necesarios para la Secretaría de Abordaje Integral.
El contrato de alquiler se extendió por treinta y seis meses, con la posibilidad de un año adicional de prórroga. La empresa adjudicataria fue Diagonal Plaza S.A., dueña de los inmuebles. Sin embargo, en agosto de 2023, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, bajo la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a la constructora Secavit S.A. para un costoso “reacondicionamiento de espacio”. El monto de USD 2.700.000 para remodelar oficinas en perfecto estado ha generado sospechas y será objeto de una denuncia penal.
La empresa Secavit S.A. también se benefició con otros negocios de licitaciones públicas durante la era K. La Justicia deberá determinar si hubo corrupción en esta transferencia millonaria y si los fondos se utilizaron de manera insólita para un edificio “fantasma”.
La revisión de fideicomisos llegó al FONCAP
El gobierno nacional también se encuentra en medio de una investigación del Fondo de Capital Social (FONCAP). Esto se utilizaba para financiar una variedad de cuestiones, desde emprendimientos agropecuarios, hasta escuelas e inauguraciones de centros sociales, culturales, deportivos, etc. El FONCAP funcionaba esencialmente dentro de la cartera de Desarrollo Social, lo que retoma a Victoria Tolosa Paz como centro de la polémica.
Al tratarse de un fondo fiduciario que abarca una gran cantidad de aspectos, la investigación deberá prestar atención a los detalles sobre las transferencias del Estado. Se propone desde el gobierno libertario que todos los fondos se prevean dentro de los presupuestos, como debería ser acorde a las normativas. Se espera que se destapen nuevas irregularidades sobre la gestión anterior a medida que se desmenuza el FONCAP.
