En el marco de las crecientes tensiones entre fuerzas políticas en Córdoba, surge un nuevo caso polémico. Martín Gill, ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, se encuentra en el centro de la polémica. La fiscalía a cargo de Juliana Companys ha elevado a juicio la causa contra el ex mandatario de la localidad por lesiones leves calificadas por vínculo y violencia de género.
La denuncia contra Martín Gill
El funcionario fue indagado la semana pasada en los Tribunales de Villa María en relación a la denuncia presentada por una mujer de 39 años. La investigación se centra en hechos de violencia física y amenazas que la víctima habría sufrido mientras mantenía una relación con el ex intendente.
Desde la defensa de Gill, su abogado Eduardo Rodríguez ha expresado que el funcionario está confiado en que hizo lo correcto. La defensa planea recurrir el pedido de la fiscal y será el Juzgado de Control quien decida si la causa va a juicio o no. Además, se ha solicitado el sobreseimiento para Gill en esta causa. Se le consultó a Gill si no debería dejar, al menos temporalmente, su rol de ministro.
“Ocupando cargos públicos, nunca dejó de estar a disposición de la Justicia. No había razones para dejar de cumplir sus actuales funciones. Además, se trata de un precepto constitucional que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, respondió el abogado
La investigación comenzó en marzo del año pasado cuando la víctima se presentó ante la Justicia para denunciar la violencia que experimentaba. Aunque inicialmente recibió custodia policial debido a su temor por el entorno del intendente, esta protección cesó posteriormente.
Coherencia y responsabilidad política
El legislador provincial de Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, ha anunciado que solicitarán la remoción de Martín Gill. Consideran inaceptable que una persona procesada y en juicio por violencia de género ocupe un cargo ministerial. Hernández Maqueda afirma que, de ser cierta una parte de la denuncia, estaríamos hablando de una persona violenta que no debería estar al frente de un ministerio.
Crecen las tensiones por la cercanía del ministro acusado con el gobernador Martín Llaryora. La oposición plantea que en un gobierno progresista que dice defender los derechos de las mujeres, la permanencia de Gill como ministro genera interrogantes sobre la coherencia y la responsabilidad política.
