La historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una de las empresas más importantes de Argentina, ha estado marcada por los cambios de modelo económico que han atravesado el país. Desde su creación en 1922, YPF fue propiedad del Estado. En 1989, bajo el gobierno de Carlos Menem, se inició un proceso de privatización. Luego, con Néstor y Cristina Kirchner, se decidió la re-estatización. Pero los mecanismos por los cuales se realizó la expropiación provocaron un juicio contra el país. Ahora, Javier Milei debe sortear los desafíos que heredó para lograr sus objetivos de gestión.
La privatización de Menem
El contexto que propició la privatización de YPF fue el de una profunda crisis económica, social y política que afectó a Argentina en la década de 1980. El gobierno de Menem, con el apoyo de la Unión de Centro Democrático (UCeDé), adoptó un programa de reformas liberales. Estas incluían la apertura comercial, la desregulación financiera, la convertibilidad monetaria y la reducción del Estado. La Ley de Reforma del Estado, sancionada el 17 de agosto de 1989, autorizaba al presidente a privatizar un gran número de empresas estatales, entre ellas YPF.
Los argumentos que se esgrimieron para justificar la privatización de YPF fueron varios: obtener recursos para reducir el déficit fiscal y equilibrar el presupuesto del Estado, mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, atraer inversiones extranjeras y modernizar la infraestructura. El proceso culminó con la venta de las acciones de la petrolera a Repsol.
La estatización de los Kirchner
En 2003, la llegada al poder del kirchnerismo, implicó un cambio de paradigma en la política económica. El gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner implementaron medidas de intervención estatal, proteccionismo comercial, redistribución de la renta y recuperación de la soberanía.
En este marco, se dio la reestatización de YPF en mayo de 2012, mediante una ley que expropió el 51% de las acciones de la empresa. El argumento expresaba que debíamos recuperar la soberanía energética. Axel Kicillof era viceministro de Economía en el momento y se convirtió en el vocero central de la expropiación de la empresa.
El Estado tomó el control de la petrolera con el aval de la oposición. La iniciativa contó con 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado. La ley fue sancionada por la mayoría de los legisladores oficialistas, pero también contó con el voto de representantes de la Unión Cívica Radical: Ricardo Gil Lavedra, Mario Negri, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile y Julio Martínez. Algunos de los que votaron en contra fueron Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca y Eduardo Amadeo.
Juicio por expropiación
La decisión política de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof de pagarle a Repsol por YPF y dejar de lado a los accionistas minoritarios causó una demanda judicial. El Estado Argentino incumplió el estatuto de YPF que establece que, para comprar más del 15% de la empresa, se debe ofrecer una compensación a todos los accionistas, no solo al mayoritario. En relación a esto, Kicillof expresó que “¡los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”.
“Todo se hizo tan mal que la prensa española habló de confiscación porque la expropiación impone que haya un precio, y no lo hubo. Fue una fiesta épica del populismo.” – mencionó Daniel Montamat, ex presidente de YPF.
El juicio contra la Argentina por la violación del estatuto de YPF se desarrolla hace 8 años en Nueva York. La jueza Loretta Preska es la encargada del caso, pertenece a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y eximió de responsabilidades a YPF. Culpó al Estado argentino por no haber realizado ofertas públicas de adquisición a todos los accionistas.
Corresponde entonces, pagar indemnizaciones: se reclamó a la Argentina entre 12 mil millones de dólares y 17 mil millones con intereses; y en el caso de que YPF reciba un fallo en su contra, le costaría 5.200 millones de dólares, una cifra mucho menor. En marzo de este año se publicó el fallo judicial y perdió la Argentina. Los demandantes son el Fondo Burford Capital Limited y Eton Park. Se trata de fondos de cobertura que se encargan de comprar los derechos de litigio de empresas quebradas para luego iniciar los juicios correspondientes.
El proceso que debe afrontar Milei
El DNU anunciado por el actual presidente sobre la desregulación de la economía prevé la eliminación de las normativas que generan trabas sobre las privatizaciones. La idea principal es que las compañías públicas se conviertan en sociedades anónimas para luego pasar a manos de inversores privados. Frente a esto, existe una ley específica sancionada en 2012 para el caso de YPF que debería modificarse.
Una decisión de este estilo implica un inevitable costo político y crítica de una parte de la sociedad que fomenta la estatización de las empresas. Milei debe lograr el apoyo de las cámaras en el Congreso para la aprobación del Decreto que promueve medidas de liberación del mercado. Sin embargo, existen bloques que generan oposición, como los sectores peronistas y también un grupo importante dentro del radicalismo. Lo que demuestra que, a pesar de buscar el antagonismo histórico entre UCR y PJ, en política económica coinciden en el objetivo de favorecer la estatización de las empresas sobre las privatizaciones (como también lo demostraron en 2012).
Un problema importante ante el cual el presidente Milei debe tomar acción es el juicio por YPF. Para ello, anunció que creará la “tasa Kicillof”, un impuesto dedicado al pago de esta deuda con Burford Capital. Según el fallo, corresponde a la Argentina pagar 16 mil millones de dólares por la expropiación. En este momento, el presidente menciona que los fondos necesarios no están, sin embargo, existe la voluntad de pago. Se implementará esta tasa a modo de “bono perpetuo” por el cual, los ciudadanos deberán pagar una determinada cantidad de dólares hasta solventar el error de Kicillof.
“Todos los argentinos recordaremos esa barbaridad que hizo y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico cuya perspectiva ideológica perjudicó a 46 millones de argentinos” – afirmó Milei
