Durante la apertura del período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Milei pronunció un discurso en el que expuso sus ideas con su característico estilo. Entre los anuncios realizados, destacó la intención de eliminar las jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente, así como la propuesta de penalizar como delito «imprescriptible» a los funcionarios y legisladores que aprueben un presupuesto que incluya financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión monetaria.
Estas medidas, según Milei, buscan poner fin a lo que él denomina como «los privilegios de la casta».
Refiriéndose a una clase política que, en su opinión, ha abusado de su poder y ha disfrutado de beneficios injustos a expensas del pueblo. La eliminación de las jubilaciones de privilegio y la penalización de ciertas prácticas fiscales son pasos que, según el presidente, contribuirán a una mayor transparencia y equidad en el sistema político y económico del país.
Se espera que estas propuestas generen un intenso debate en el Congreso y en la sociedad en general, dado el carácter controvertido de las mismas y la polarización política que caracteriza al escenario nacional. Sin embargo, el presidente Milei ha dejado en claro su determinación de avanzar con estas reformas, impulsado por su visión de un Estado más eficiente y menos permeable a la corrupción y los abusos de poder.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Milei dirigió críticas hacia los legisladores, a quienes calificó de «ricos» en un contexto de pobreza, y anunció la presentación de un paquete de leyes dirigidas contra lo que él ha denominado como «casta», refiriéndose a un sector de la oposición política.
Entre las medidas anunciadas, destacó la primacía de los convenios colectivos específicos acordados libremente por los trabajadores de una empresa sobre los convenios colectivos del sector en su conjunto. Además, enfatizó la eliminación de las jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente, así como la implementación de iniciativas relacionadas con sindicatos y leyes laborales, criticando la imposición de condiciones laborales por parte de personas alejadas de la realidad laboral.
Milei también señaló que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales, y que los exfuncionarios con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderán cualquier beneficio que hayan obtenido durante su mandato.
Además, anunció una reducción significativa en la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores, criticando la práctica de asignar un gran número de asesores a cada legislador, lo que considera un desperdicio de recursos públicos.
Adelantó que se descontará el día de sueldo a los empleados que falten al trabajo debido a un paro, y que se eliminará el financiamiento público de los partidos políticos.
Cada partido deberá financiarse mediante aportes voluntarios o afiliaciones propias.
El presidente resaltó la importancia del capítulo laboral del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido al inicio de su mandato, así como de la ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», ya rechazada por el Congreso. En ese sentido, señaló que la mencionada ley tiene como objetivo volver a adoptar el modelo de libertad que fue despreciado por una parte de la clase política. Afirmó que existe un sector importante de la dirigencia política que se aferra a los privilegios de la casta y se resiste al cambio.
Por último, hizo hincapié en el déficit público y la emisión monetaria, advirtiendo que aquellos que aprueben un presupuesto que contemple este mecanismo para financiar el gasto serán penalizados por un delito imprescriptible. Milei considera que financiar al Tesoro con emisión es técnicamente y moralmente incorrecto, y aseguró que con su gestión, esta práctica llegará a su fin.
El recuento de las medidas anunciadas en el paquete de leyes anti casta
- Eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente.
- Obligación para los sindicatos de elegir a sus autoridades mediante elecciones periódicas libres y supervisadas por la Justicia electoral, limitando los mandatos a 4 años y estableciendo un tope de una sola reelección posible.
- Priorización de los convenios colectivos específicos realizados en asociación libre por los trabajadores de una empresa o grupos de empresas sobre los convenios colectivos del sector.
- Prohibición de que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia puedan presentarse como candidatos en las elecciones nacionales. Además, cualquier exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio asociado a su cargo anterior.
- Reducción significativa de la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación.
- Descuento de la jornada de trabajo a los empleados del Estado que participen en paros.
- Eliminación del financiamiento público de los partidos políticos.
- Penalización por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), así como a diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria. Milei propuso que la pena debería ser equiparable a un delito de lesa humanidad para que sea imprescriptible, asegurando que eventualmente se hagan responsables por sus acciones.
El deglose de cada punto:
Al punto uno no hay que darle mucha vuelta. Palo para todos sus predecesores.
El segundo punto es una amenaza directa a los sindicatos. En primera instancia, para los lideres sindicales que permanecen por décadas en el poder (que si me pongo a enumerarlos, me quedo sin caracteres), y en segunda instancia a sacarle poder a las organizaciones, imitando prácticas de países como Estados Unidos, que en distintos estados las grandes multinacionales negocian las condiciones de empleo, salarios, beneficios, horarios laborales y otros aspectos relacionados con el trabajo directamente con los empleados, y se renegocian cada determinado tiempo.
La ley actual, al límite de ser antidemocrática.
Después de que el peronismo ganó las elecciones al gobierno Alfonsinista, se promulgó la actual Ley de Asociaciones Sindicales, la cual fue diseñada para satisfacer las demandas de la casta gremialista. En el proceso de adaptación de los estatutos sindicales a esta nueva ley, el gobierno aceptó que muchos sindicatos incluyeran cláusulas que, en la práctica, limitaban la democracia interna y dificultaban la participación de opositores.
Esta época marcó la instauración de estatutos que consagraban lo que se conoce como la «carrera sindical», es decir, la exigencia de tener una extensa trayectoria dentro de la organización para aspirar a ocupar algún cargo electivo. Esto equivaldría prácticamente a requerir que cualquier ciudadano haya sido concejal antes de postularse para un cargo de diputado. En algunos sindicatos, los opositores se ven obligados a presentar listas en todas las seccionales del país, una tarea casi inalcanzable fuera del aparato oficialista. Busca arrancar a la casta de los sindicatos.
El cuarto punto es una ampliación de una normativa ya vigente. En la actualidad, hay un límite en la instancia judicial para la que los funcionarios siguen pudiendo presentarse a cargos públicos, y con esta nueva normativa, baja ese límite. Afecta directamente a la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner.
«Ha sido una práctica común de la política que armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos».
La realidad es que no hay ningún tipo de restricción para la designación de asesores. Cualquiera puede ser asesor, lo que provoca que sectores de la casta llene esos cupos con amigos, familiares o afines, debido a los altos salarios que conlleva.
El sexto punto es balde de agua fría a la amenaza permanente de paro por parte de los sindicatos de empleados del estado, como ATE o SUTE.
La eliminación de financiamiento público a los partidos políticos llega a acabar con las ‘pymes electorales’, que nuclean organizaciones que se presentan a todas las elecciones posibles para cobrar un cheque del estado.
La ley vigente establece que el gobierno nacional debe distribuir equitativamente fondos entre todas las coaliciones para la impresión de boletas. En cuanto a las actividades de campaña, los fondos públicos se dividen utilizando dos criterios: la mitad se distribuye de manera equitativa entre todas las coaliciones, mientras que la otra mitad se asigna según los votos obtenidos por cada coalición en la última elección para la misma categoría.
Además de los fondos públicos, existen contribuciones privadas que también están sujetas a límites. Las donaciones en especie, como la cesión de bienes o servicios (por ejemplo, proporcionar un estadio para un evento o un avión para un viaje de campaña), también están permitidas y deben ser declaradas según su valor de mercado. Todos los aportes tienen que tener nombre, apellido, y son públicos.
El último punto es un broche de oro para el paquete de medidas. En esta mirada liberal, la clase política o casta hace uso de la maquinita de imprimir papelitos para financiar el populismo, perjudicando al resto de la población. Busca arrancar de raíz la problemática de la inflación.
