Javier Milei ha generado un fuerte debate tras la publicación del decreto 765/2024, que introduce cambios significativos en la regulación del cobro de derechos de autor. La medida establece que las canciones, películas y otras obras artísticas reproducidas en ámbitos privados ya no requerirán el pago de derechos por su uso. Se trata de una decisión que ha despertado reacciones tanto de apoyo como de crítica en diversos sectores.
¿Qué plantea el nuevo decreto?
El decreto redefine lo que se considera “representación o ejecución pública” de obras musicales, cinematográficas, dramáticas y literarias. Se limita esta definición a aquellas situaciones que ocurren en “espacios de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”. Esto excluye explícitamente cualquier reproducción en un ámbito privado, sea de ocupación permanente o temporal, como en el caso de habitaciones de hotel o fiestas privadas. La nueva reglamentación reemplaza al decreto N°41.223/34, que había regido la propiedad intelectual en Argentina durante décadas.
Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó los beneficios económicos de la medida. Argumentó que reducirá los costos en sectores como la hotelería y el turismo. Las tarifas de estos servicios podrían disminuir, ya que antes, el costo de los derechos de autor podía representar hasta un 10% del precio final. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, añadió que esta aclaración era necesaria para resolver controversias sobre si el uso de un televisor en una habitación de hotel constituía una difusión pública o privada.
Repercusiones en el sector
Sin embargo, la medida ha sido interpretada como un golpe a las entidades gestoras de derechos de autor, como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC). Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia, calificó la normativa anterior como un “curro”. Criticó la capacidad de SADAIC de cobrar derechos incluso por la música reproducida en fiestas privadas. Este tipo de cobros había generado disputas legales prolongadas, especialmente en sectores como el hotelero y el comercial.
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre y experta en derechos de autor, considera que la nueva definición de “ejecución pública” es mucho más restrictiva. Plantea que beneficia a establecimientos comerciales que antes enfrentaban litigios por la reproducción de contenidos en ámbitos privados. Según Busaniche, esto podría reducir la litigiosidad y beneficiar a pequeños empresarios, como hoteleros y dueños de comercios, que ya no tendrán que pagar derechos de autor por contenidos consumidos en ámbitos privados.
Impacto general en la sociedad
El decreto también introduce una excepción importante: las obras utilizadas con fines didácticos o en conmemoraciones patrióticas en establecimientos educacionales oficiales estarán exentas de pago. Este movimiento, aunque en línea con la filosofía libertaria de Milei, ha sorprendido a algunos observadores. Algunos contemplan una aproximación al concepto de “copy left”, permitiendo un uso más libre de las obras artísticas bajo ciertas condiciones. Esto podría impactar profundamente en la gestión de los derechos de autor en Argentina, favoreciendo el acceso más amplio y gratuito a contenidos creativos.
