Los diputados del PRO presentaron dos proyectos de ley con el objetivo de retirar los privilegios, como la pensión vitalicia, los honores y la custodia, que Alberto Fernández recibe por ser expresidente de la Nación. Lideraron las iniciativas Silvana Giudici, Damián Arabia y un grupo de 12 legisladores del bloque.
Los proyectos surgen en respuesta a la denuncia de violencia de género realizada por Fabiola Yáñez, ex primera dama. Proponen modificar la Ley 24.018, que regula las pensiones de privilegio para presidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema. El objetivo es incorporar nuevas disposiciones que afectarían a aquellos condenados por delitos cometidos durante su función pública.
La denuncia de Yáñez contra Fernández inicialmente surgió en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción en la causa de los seguros. Se ha ampliado su alcance tras la aparición de evidencias de violencia de género por parte del exmandatario hacia su entonces pareja. Yáñez sostiene que el maltrato y las agresiones físicas y psicológicas eran constantes durante su relación con Fernández. Los legisladores del PRO consideran que estos hechos justifican la propuesta de retirar los privilegios que actualmente posee el expresidente.
¿De qué tratan los proyectos de ley?
El primer proyecto establece que se perderá el derecho a la pensión vitalicia y otros privilegios cuando exista una condena firme en segunda instancia por delitos como corrupción, incumplimiento de los deberes de funcionario público, o delitos contra la integridad sexual. Se espera que el proyecto gire a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Previsión Social y Legislación Penal para su análisis. Entre los firmantes se encuentran Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, quienes buscan sumar más apoyos, incluyendo a La Libertad Avanza.
Además, la iniciativa de Giudici incluye una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a quienes sean condenados por violencia de género o violaciones. También aplicable cuando exista una condena firme en segunda instancia. Los legisladores argumentan que es necesario revisar los privilegios otorgados a funcionarios en función de las condenas judiciales. Especialmente en casos que afectan la dignidad y el honor de la investidura presidencial.
Por su parte, Damián Arabia ha presentado un proyecto de ley con un enfoque similar. Propone que los privilegios se quiten a partir de un procesamiento judicial, es decir, antes de una condena firme. No incluye el retiro de la custodia, a diferencia del proyecto de Giudici. Ambos legisladores han manifestado su intención de trabajar juntos en las comisiones correspondientes para unificar los criterios y avanzar en una propuesta conjunta.
¿Cómo avanza la causa judicial?
La denuncia de Yáñez también ha generado expectativa en el ámbito judicial. La ex primera dama, acompañada por su abogada Mariana Gallego, ha detallado en su presentación los abusos sufridos. Yáñez ha señalado que durante la gestión de Ayelén Mazzina, la segunda ministra de la Mujer del gobierno de Fernández, no recibió el apoyo necesario, lo que aumentó su sensación de desprotección.
La causa judicial se encuentra en un momento clave, con la expectativa de que Yáñez declare ante el fiscal federal Ramiro González. La justicia deberá determinar si la investigación continuará en los tribunales de Comodoro Py o si será trasladada a la justicia de San Isidro. Esto se debe a que los hechos habrían ocurrido en la quinta de Olivos, bajo la jurisdicción de estos últimos tribunales.
